OPINIÓN
19 de agosto de 2026
¿MISMA VARA?
La misma vara para todos: ¿ayudar a las PyMEs es “brutalidad” y beneficiar a las grandes empresas no?
El debate no debería centrarse en si el Estado debe ayudar o no al sector privado, sino en qué beneficios otorga, a quién, bajo qué condiciones y qué recibe la sociedad a cambio. Si se reclama austeridad a trabajadores, jubilados y PyMEs, también corresponde exigir resultados y contraprestaciones cuando los beneficios alcanzan a grandes empresas y multinacionales.
El planteo más sólido no es decir que está bien subsidiar a las PyMEs y mal beneficiar a las grandes empresas. La discusión de fondo es otra: ¿por qué el Estado utiliza recursos de los contribuyentes para promover determinadas actividades económicas y qué retorno obtiene la sociedad a cambio?
Si una PyME recibe una asistencia que le permite sostener una fábrica, conservar puestos de trabajo, pagar salarios y mantener activa una cadena de proveedores, existe un impacto económico y social que puede medirse.
Pero exactamente la misma vara debería aplicarse cuando una multinacional recibe beneficios fiscales o regímenes especiales. La pregunta debería ser inevitable: ¿cuántos puestos de trabajo genera?, ¿cuánto invierte realmente?, ¿cuánto produce y exporta?, ¿qué ingresos genera para el Estado y cuánto de esas ganancias queda en la Argentina?
Por eso, el problema no es que el Estado intervenga para sostener o promover determinadas actividades económicas. El verdadero problema aparece cuando los beneficios son selectivos, permanentes, carecen de contraprestaciones claras o no existe una evaluación concreta de sus resultados.
También hay una cuestión política de fondo: si se exige austeridad cuando se trata de trabajadores, jubilados, municipios o pequeñas y medianas empresas, esa misma exigencia debería aplicarse cuando se destinan recursos públicos a grandes compañías, multinacionales o al pago de la deuda.
Porque los recursos públicos no pertenecen a un gobierno ni a un sector empresario. Son recursos de todos los contribuyentes. Y, por lo tanto, todos los beneficios otorgados con esos recursos deberían demostrar cuál es el beneficio que reciben los argentinos a cambio.
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