OPINIÓN
12 de agosto de 2026
¿Ignorancia o mala intención? El costo de la política en Coronel Rosales
Mientras se cuestiona a la actual gestión por la creación de nuevas coordinaciones, el oficialismo sostiene que la estructura política municipal fue reorganizada para reducir costos. Pero el dato que instala la discusión es otro: por primera vez, según sus propias cifras, la planta política del Concejo Deliberante tendría un costo salarial superior al del Departamento Ejecutivo.
Si realmente existe preocupación por cuánto le cuesta la política a los vecinos de Coronel Rosales, hay un dato que no debería esquivarse: hoy, por primera vez en la historia, la planta política del Honorable Concejo Deliberante representa un costo salarial mayor que la planta política del Departamento Ejecutivo.
Ese debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre el uso de los recursos municipales.
Sin embargo, el debate parece haberse reducido a una acusación: que la actual gestión “crea cargos políticos” porque incorporó nuevas coordinaciones.
La explicación del oficialismo es diferente. Según sostiene, esas coordinaciones no se suman simplemente a una estructura que permanece intacta, sino que reemplazan cargos de mayor jerarquía, como Secretarías y Direcciones, cuyo costo salarial es superior.
La diferencia no es menor. Si efectivamente se eliminaron cargos jerárquicos y fueron reemplazados por estructuras de menor costo, hablar de una simple “creación de cargos” sin analizar qué puestos fueron eliminados resulta, como mínimo, una mirada incompleta.
Pero hay otro elemento que el oficialismo coloca sobre la mesa: el congelamiento de los salarios de la planta política y la decisión de resignar aumentos por parte de quienes integran el bloque oficialista.
Y allí aparece una pregunta inevitable para quienes cuestionan el gasto político:
¿Qué hicieron ellos con sus propios salarios?
Porque, según plantea el oficialismo, ningún concejal de la oposición acompañó la decisión de congelar sus remuneraciones. El único bloque que habría tomado esa determinación fue el oficialista.
Ahora bien, una discusión seria sobre el gasto político no debería reducirse a quién resignó un aumento ni a quién acusa a quién. Los números deben ser públicos, comparables y completos.
¿Cuántos cargos políticos había antes? ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuáles fueron eliminados? ¿Cuáles se incorporaron? ¿Cuánto costaba cada estructura? ¿Cuál es el costo actual? ¿Y cuánto representa, en términos reales, cada área dentro del presupuesto municipal?
Esas son las preguntas que deberían responderse.
Porque también es cierto que reemplazar un cargo por otro no demuestra automáticamente un ahorro. Para afirmarlo, hay que mostrar cuánto costaba la estructura anterior y cuánto cuesta la nueva.
Por eso, antes de instalar livianamente que existen “nuevos cargos políticos”, corresponde mirar la estructura completa y poner los números sobre la mesa.
Y si la preocupación es realmente cuidar los recursos de los vecinos, la discusión debería ser todavía más amplia: no alcanza con señalar el costo de la política cuando conviene políticamente; hay que transparentar cuánto cuesta toda la estructura política, quién cobra, cuánto cobra y qué función cumple.
Cuidar los recursos públicos no es solamente decir que preocupa el gasto.
Es demostrarlo con decisiones concretas, números verificables y transparencia.