Días atrás, el concejal y presidente del cuerpo legislativo expresó, con una imprudencia difícil de justificar, una serie de palabras ofensivas dirigidas a sindicalistas, educadores y al público en general. Sostuvo que ninguno de los presentes en la marcha conocía la universidad y calificó de “ensobrados” a periodistas y de “sindigarcas” a los gremialistas. Expresiones de este tenor no solo resultan agraviantes, sino que también evidencian un preocupante desapego por la responsabilidad institucional que su cargo exige.

En un contexto atravesado por relatos cada vez más agresivos y polarizantes, lo que emerge es una preocupante tendencia: actores locales que parecen intentar replicar estilos discursivos de mayor escala, adoptando una impronta confrontativa que, lejos de fortalecer el debate, lo degrada. Las distancias —políticas, institucionales y sociales— no son menores, y recorrer ese camino sin medir consecuencias puede resultar no solo sinuoso, sino directamente peligroso.

Las apreciaciones del edil libertario no fueron desmentidas ni aclaradas en ningún momento. Tampoco hubo un intento de precisar si sus críticas estaban dirigidas a actores de otro ámbito o jurisdicción. La ausencia de aclaraciones deja abierta una interpretación directa y local: que los gremialistas señalados son los de la marcha en Punta Alta, que los periodistas aludidos ejercen en la ciudad, y que docentes y ciudadanos fueron tratados como ignorantes ajenos a la universidad. En comunidades pequeñas, donde las relaciones son cotidianas y cercanas, este tipo de ambigüedades no es inocente: amplifica el daño.

La comparación con el presidente de la Nación y su estilo confrontativo no debería funcionar como aval ni como excusa. La investidura local no cuenta con los mismos niveles de protección ni con el mismo margen de impunidad simbólica. Por eso, resulta aún más desconcertante la decisión de escalar el tono en un “ring” que nadie parece dispuesto a habitar. En pueblos donde las personas se cruzan a diario, llevar la discusión a niveles de agresividad extrema no solo es innecesario, sino profundamente perjudicial para la convivencia.

Las marchas, en cambio, constituyen una de las expresiones más genuinas de la vida democrática. Son el resultado del ejercicio de derechos, del compromiso con el debate público y de la defensa de instituciones como la universidad pública. En ellas confluyen historias concretas: jóvenes que son primera generación de universitarios, familias trabajadoras que ven en la educación una herramienta de movilidad social, trayectorias marcadas por el esfuerzo y la expectativa de un futuro mejor.

A modo de cierre, conviene recordar que las palabras no son neutras. Pueden construir o destruir, tender puentes o abrir grietas. En este caso, parecen haber profundizado tensiones, alimentando indignación e impotencia en una sociedad que ya enfrenta múltiples dificultades. La descalificación, el agravio y el desprecio no son gratuitos: dejan marcas. Y en el ámbito público, esas marcas no solo afectan a individuos, sino a la comunidad toda..