El Gobierno de la Ciudad llevó adelante un megaoperativo sin precedentes en barrios populares, con el despliegue simultáneo de más de 1.500 efectivos en distintos puntos del territorio. La intervención, denominada “Tormenta Negra”, incluyó una serie de allanamientos en al menos 16 villas de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo declarado de desarticular bandas vinculadas al narcotráfico.

Los procedimientos se realizaron en las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, además de Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

Como resultado, se registraron 27 detenidos —algunos con pedidos de captura vigentes—, el secuestro de drogas, armas y vehículos, la clausura de cinco presuntos búnkeres narco y el cierre de 25 comercios considerados “ilegales”.

Sin embargo, desde los propios barrios surgieron fuertes cuestionamientos. Vecinos y referentes sociales denunciaron que los procedimientos tuvieron un carácter más mediático que judicial. En ese sentido, sacerdotes que trabajan en estos territorios advirtieron sobre una creciente estigmatización hacia las comunidades más vulnerables.

El padre Lorenzo “Toto” de Vedia, referente de la Villa 21-24 de Barracas, expresó su “indignación” por el desarrollo del operativo. “Es una hipocresía. Se presenta como una acción contra el narcotráfico, pero claramente se busca un impacto mediático”, sostuvo.

Además, criticó la modalidad simultánea de los allanamientos: “En lugar de priorizar la eficacia con tiempos judiciales adecuados, se montó un despliegue conjunto en todas las villas, incluso con la presencia del jefe de Gobierno recorriendo el lugar”.

El sacerdote también vinculó el operativo con políticas sociales más amplias: “Se le quita el sustento a la gente al mismo tiempo que se recortan recursos en comedores. Son medidas que terminan denigrando a quienes ya están en situación de vulnerabilidad”.

Por su parte, Rodolfo Viano, integrante de Opción por los Pobres en Merlo, coincidió en las críticas y aseguró que este tipo de intervenciones no son hechos aislados. “No es una novedad que las políticas del Gobierno estén en contra de los barrios populares. Esto no empezó con estos allanamientos”, afirmó.

Asimismo, remarcó el impacto económico en estos sectores: “La gente sobrevive con changas, y cuando cae el poder adquisitivo de la clase media, esas oportunidades desaparecen. Sin alternativas, crece la oferta del narcotráfico”.

Viano también cuestionó la efectividad de los operativos si no forman parte de una estrategia integral: “Aun si se detiene a actores menores, los principales responsables no viven en los barrios. Sin políticas económicas y sociales profundas, esto no se resuelve”.

Finalmente, ambos referentes coincidieron en que el abordaje del narcotráfico requiere medidas estructurales que incluyan políticas de inclusión, trabajo y desarrollo social, más allá de los operativos de seguridad.