El fiscal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El acusado es diputado provincial y exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. En ese marco, Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos y entidades, y requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense.

Según surge de la declaración jurada de 2024, Adorni declaró el 50% de una vivienda ubicada en City Bell (La Plata), valuada en 38.790.000 pesos, y el 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017, estimado en 5.000.000 de pesos. En ese momento, su patrimonio total ascendía a 43.790.000 pesos.

Un año después, su patrimonio habría alcanzado los 80.500.000 pesos. El incremento se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por un monto de 60.000.000 de pesos, saldado en menos de un año.

Este último punto es el que genera mayores sospechas. Según la denuncia, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los ingresos percibidos como funcionario, esos haberes no alcanzarían para explicar la cancelación total del crédito en un plazo tan breve.

De acuerdo con información periodística, el fiscal convocó a Pagano para ratificar su denuncia y ordenó el análisis de bases de datos y registros oficiales sobre Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia.

Asimismo, se requirieron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con detalles sobre declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones. También se solicitó precisar si el legislador adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.

Por su parte, la AGIP y ARBA deberán informar sobre la existencia de registros impositivos vinculados al imputado, incluyendo bienes, operaciones realizadas y estado de deudas. En relación con automotores e inmuebles, el fiscal pidió identificar a los responsables del pago de los tributos.

Finalmente, Marijuán solicitó a Migraciones información sobre los viajes al exterior del imputado, incluyendo destinos, frecuencia y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes.