Una profunda preocupación generó el anuncio de la empresa El Villarino sobre un significativo aumento en las tarifas del transporte de pasajeros hacia la ciudad de Bahía Blanca. La medida, que aún no fue oficializada, provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde estudiantes y trabajadores —usuarios habituales del servicio— expresaron su malestar e indignación, al considerar que el incremento dificulta el normal desarrollo de sus actividades laborales y académicas.

En el ámbito gubernamental, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, manifestó su sorpresa ante la difusión de un aumento que, según indicó, no cuenta con carácter oficial. En ese sentido, aseguró que se encuentra en diálogo con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no obtener respuestas, llevará el reclamo al propio gobernador. El jefe comunal calificó el incremento como desproporcionado y remarcó el fuerte impacto que tendría en la vida cotidiana de quienes deben trasladarse a Bahía Blanca.

Mientras desde el Ejecutivo local se insiste en que la suba no está formalizada —ya que no figura en el boletín oficial provincial—, también surgieron cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El joven concejal libertario Nahuel Ponce señaló que “la Provincia debe dar explicaciones claras sobre cómo se autorizó este incremento”, en medio de la controversia generada por la falta de confirmación oficial.

Por su parte, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la edil Liliana Taboada, junto al concejal de Bien Común Daniel Medina, presentaron un proyecto de comunicación que será tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Resumen del proyecto

La iniciativa solicita informes detallados y la revisión del aumento tarifario de la línea 319, que llevaría el boleto de $1.845 a $4.191, lo que representa un incremento superior al 120%. El proyecto cuestiona la falta de transparencia en la metodología de cálculo, su aparente desproporción respecto a los mecanismos oficiales y el fuerte impacto económico en los usuarios.

Además, el Concejo busca que el Ministerio de Transporte brinde precisiones sobre costos, subsidios, criterios de actualización y posibles estudios de impacto. También se plantea la necesidad de revisar la tarifa para garantizar su razonabilidad, adecuación a la capacidad de pago y evaluar medidas que atenúen el impacto en los sectores más afectados.