La situación del Centro de Formación Integral (CFI) de Coronel Rosales expone, una vez más, las falencias estructurales del Estado cuando se trata de garantizar derechos a las personas con discapacidad. Lo que durante años fue denunciado por las familias —condiciones edilicias indignas, hacinamiento, riesgos sanitarios y exclusión educativa— recién comenzó a encontrar eco institucional cuando el conflicto tomó estado público y llegó al recinto deliberativo.
La banca abierta fue un punto de inflexión. Allí, con datos concretos y testimonios difíciles de refutar, las familias dejaron en evidencia que el CFI funciona en un espacio que no solo resulta inadecuado desde lo pedagógico, sino que vulnera derechos básicos. Jóvenes que deben formarse para una futura inserción laboral conviven con aulas improvisadas, talleres superpuestos, filtraciones, inundaciones y hasta antecedentes de desbordes cloacales. No se trata de detalles menores ni de reclamos exagerados: se trata de condiciones mínimas de dignidad.
El posterior encuentro entre padres y el intendente marca, sin dudas, un cambio de escenario. La predisposición al diálogo y el avance en un proyecto concreto para un edificio propio representan una señal positiva que merece ser destacada. Que se piense en una institución con capacidad para 120 alumnos, con talleres adecuados y proyección a futuro, responde finalmente a una demanda histórica largamente postergada.
Sin embargo, el entusiasmo debe ser prudente. Las familias conocen de promesas inconclusas, de proyectos que no prosperaron y de soluciones transitorias que terminaron volviéndose definitivas. El CFI ha peregrinado por distintos edificios sin que nunca se resolviera el problema de fondo. Por eso, más allá de los anuncios, el desafío ahora es transformar la voluntad política en hechos verificables, con plazos claros, presupuesto asignado y seguimiento permanente.
También resulta llamativo que la reunión se haya concretado recién a través de gestiones informales, luego de intentos fallidos por los canales institucionales. Esa demora no es un dato menor: habla de una distancia entre el Estado y las familias que debería corregirse si realmente se pretende construir políticas públicas inclusivas.
La educación especial —y particularmente la formación laboral de jóvenes con discapacidad— no puede depender de la persistencia de los padres ni de la exposición mediática de los reclamos. Es una responsabilidad indelegable del Estado municipal y provincial. Las mejoras provisorias anunciadas en el edificio actual son necesarias, pero no suficientes: deben ser un puente real hacia una solución definitiva, no un nuevo parche.
Hoy el proceso está en marcha y eso es una buena noticia. Pero la verdadera medida del compromiso oficial no estará en las reuniones ni en los renders, sino en la capacidad de cumplir. Porque, como bien señalaron las familias, no están pidiendo privilegios: están exigiendo derechos. Y esos derechos llevan demasiados años esperando.
