Axel Kicillof le ofreció a la policía de la provincia una mejora salarial del 9%, compuesto por un incremento de 7 % en febrero y de 2% en marzo. La propuesta duplica lo que Patricia Bullrich le ofreció a Gendarmería que apenas llegó al 5% y que indignó a los efectivos federales.

El aumento salarial a La Bonaerense ocurre además en medio de una serie de crímenes de adolescentes en el conurbano que ganaron espacio en los medios de comunicación.

La suba salarial es igual a la acordada para todo el personal de la administración pública de la provincia. Además, el incremento se hace extensivo a la compensación por uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad), los servicios extras a particulares que realizan los efectivos en sus francos de servicio.

A nivel nacional, Patricia no logra frenar la rebelión de gendarmes tras el anuncio de urgencia de un aumento salarial del 5% en marzo. La ministra buscó con ese anuncio contener las convocatorias a protestas que se están organizando en distintas ciudades.

El clima en la fuerza está caldeado desde hace varias semanas por los reclamos extraoficiales de un aumento para los gendarmes rasos, que en muchísimos casos reciben salarios de menos de 600 mil pesos y tienen gastos altísimos de alquiler y transporte.

Este lunes, Bullrich tuvo que enfrentar el malestar de los gendarmes y se la vio incómoda cuando el padre de un efectivo le hizo un dramático pedido durante su visita a Salta, adonde viajó para enterrar un poste.

"Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5%. Gana 25 mil pesos por día", le suplicó a Bullrich el padre de un gendarme.

Además, Patricia se refirió al reclamo por los alquileres. "Estamos trabajando que nos den planes Procrear para viviendas", respondió la funcionaria en relación al programa que el gobierno disolvió en noviembre del año pasado.

Para que no queden dudas, este martes el gobierno decretó el cierre de la Secretaría de Vivienda. Lo hizo a través del decreto 70/2025 que dispuso la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con el objetivo de que las políticas habitacionales sean llevadas a cabo por las provincias y los municipios, según el comunicado del Ministerio de Economía.

La decisión incluye la eliminación de las subsecretarías de Desarrollo Territorial, y de Hábitat y Vivienda, pero no de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana que maneja Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei.