La orden la había dictado el Tribunal en lo Criminal Nº 2 y sobre todos los miembros de la agrupación delictiva a la que se le aplicó tres años y medio de cárcel. Así, se suma al ex subcomisario Nicolás Pérez y los oficiales Cristian Gabriel García, Daniel Enrique Dupré y Matías Sebastián Guerra Velarde. Cabe recordar que en la tarde de ayer, los primeros detenidos en la DDI habían sido Pérez y García. Todos los involucrados estaban en libertad bajo fianza mientras se desarrollaba el proceso y adquirir firmeza el fallo, tienen que cumplir con la pena y por eso la policía procedió a detenerlos. Cómo operaba la banda El 11 de junio de 2020 a la tarde en su casa de Patagonia, un profesional de la odontología estaba con su novia y una amiga. Tras un violento episodio, con otras mujeres que llegaron al lugar, una ambulancia traslada a una de las jóvenes que había recibido unos puntazos a la clínica de Osecac. Allí es atendida, curada y esa misma noche dada de alta ya que la profundidad de los cortes no ameritaban prolongar su internación. Con el correr de la investigación se demostró que algunas de las mujeres involucradas en la agresión, estaban involucradas con el negocio de la droga y por ello tenían conexión con funcionario de la Comisaría Quinta. Mientras el profesional aguardaba en la sala de espera a su joven novia, recibe la visita de dos policías que le dicen que a la mañana siguiente iba a tener que ir a declarar a la Comisaría Quinta. Efectivamente, en la mañana del día siguiente el hombre se presenta en la seccional de calle Don Bosco y presta testimonio durante casi dos horas. Ante el fiscal Del Cero recordó que mientras le tomaban esa declaración “aparece un policía que se presentó como el Comisario. Es una persona de ojos claros, robusto, cabello entre rubio y pelirrojo, corto. Llevaba tapaboca. Este hombre empezó a agredirme, hablaba de mala manera, golpeaba el escritorio con el puño y decía que no creía lo que estaba diciendo, que había algo raro, que no le gustaba. Este hombre se iba y venía. Me preguntó si yo no sabía que comprar drogas es un delito y me decía que me iba a armar una causa por esto”. Luego de unos minutos de tensión, el primer policía le dice que lo va a ayudar y lanza una pregunta inquietante: ¿Vos cuanto crees que sale esto? Se refería a cuánta plata valdría no armarle una causa judicial que, además de traerle complicaciones penales, le arruinaría su reputación por la trascendencia pública. “Y no sé cuanto sale”, respondió la víctima. A partir de ahí comenzó un “tire y afloje” por el monto a pagar. “¿Mil dólares?” El policía negociador se retiraba continuamente a consultar –se presume con el jefe Pérez– y volvía con la respuesta: “Es muy poco”. Y así un par de veces, recreando la vieja y clásica estrategia del “policía bueno y el policía malo”. Finalmente cierran el trato: serían dos mil dólares. Quedan en que a la tarde se entregaría el dinero para que no haya causa penal. En el transcurso del día, desesperado, el odontólogo llama a un juez penal que conoce de la juventud para contarle la situación. Allí, el magistrado lo pone en contacto con el fiscal Mauricio del Cero y se organiza el operativo. Como ya era entrada la tarde, el fiscal le solicitó más tiempo a la víctima para montar el procedimiento con la Policía Federal. Le pidió que le mandara un mensaje a quienes lo extorsionaban. Ganó una hora. Todo era contrarreloj. Una vez fotografiados y enumerados los dólares del odontólogo, se dispusieron vehículos no identificables con cinco grupos de federales de civil. Y, a varias cuadras, se apostaron patrulleros. El encuentro, a pedido de los extorsionadores, sería en Zelarrayán y Perú. Lejos de las cámaras públicas de seguridad. A las 21 del viernes, el odontólogo estacionó su camioneta. Llevaba los dólares en un sobre de papel madera con estampillas. La entrega estaba controlada y monitoreada. A los pocos minutos, el oficial Daniel Dupré sube a la camioneta de su víctima para recibir el pago y le comenta que “era para el comisario”. En ese instante un grupo de la Federal lo sorprende a los gritos y apuntándole a la cabeza. Dupré tira el sobre entre los asientos del vehículo del profesional, desciende y se arroja al piso. El extorsionado, en un primer momento, también fue obligado a ponerse contra el suelo porque los federales no lo conocían. En paralelo, en el auto de Dupré (un Volkswagen Polo) que estaba estacionado a media cuadra, esperaba un policía cómplice que se dio a la fuga a pie cuando vio la cinematográfica escena. No pudo ser detenido. Dupré había dejado su arma reglamentaria y su teléfono celular en su auto. Es decir, no los llevó cuando fue a buscar el dinero hasta la camioneta del profesional. Esta situación le jugó en contra porque los otros dos efectivos corruptos que estaban de apoyo, instantes antes habían intentado avisarle que “abortara” la operación ya que habían descubierto que estaban cayendo en una trampa. El destino quiso que Dupré no tuviera el arma cuando fue a recibir el pago. Todo podría haber terminado de la peor manera si con su 9 milímetros hubiese enfrentado a sus colegas de la PFA o, peor aún, haber tomado de rehén a la víctima. Los cómplices Cristian García y Matías Guerra fueron detenidos a 70 metros del lugar, arriba de un Toyota Ethios. Estos efectivos estaban de campana y minutos antes habían advertido un “auto sospechoso” y se estacionaron detrás con las luces encendidas. El olfato policial era el correcto y por eso quisieron avisarle a Dupré. En ese auto había efectivos de la Federal que debieron retirarse para no levantar sospechas y frustrar el operativo. En paralelo a la detención de Dupré, otros patrulleros de la Federal –uno con el fiscal Mauricio Del Cero a bordo– cercaron el Toyota de García y Guerra. Ahí se vivió el momento más tenso del procedimiento. Mientras unos siete federales apuntaban al vehículo, los bonaerenses García y Guerra no decían nada. Se temió un tiroteo. Pero estaban rodeados y se rindieron. Bajaron con las manos en cabeza y uno de ellos exclamó: “¡Tranquilos muchachos, no pasa nada. Ya está, ya perdimos!” Operando en otra jurisdicción En la interna de La Bonaerense, lo que más ruido hizo fue la incursión de la banda de la 5ta. en otras jurisdicciones. Porque el hecho originario –la casa del odontólogo– pertenece al destacamento Patagonia y la concreción de la extorsión se hizo en terreno de la comisaría Segunda: tanto la visita de los efectivos a la clínica de Osecac (9 de julio al 400) como la entrega de dinero en Zelarrayán y Perú. Una probable explicación a la correría de los efectivos de la seccional 5ta. en otros territorios obedece a que las dealers que fueron hasta el domicilio del Patagonia a entregar la droga estarían afincadas en el Barrio Noroeste, donde contarían con la cobertura de la comisaría de calle Don Bosco. Así las cosas, la principal hipótesis es que se trató de una maniobra orquestada. A sabiendas de que entregarían cocaína en la casa del “cheto”, mandaron a provocar el hecho –la pelea y los puntazos– que luego serviría para generar una actuación policial que formaría parte de la extorsión. “Le vendieron la causa. No elevar el expediente a la Justicia le salió 2 mil dólares. Un expediente que –podría comprometerlo o no judicialmente al profesional– pero el solo hecho de que tuviera trascendencia pública arruinaría la carrera del odontólogo. Además manejaban otra info, por ejemplo que el hombre ya había estado en el Noroeste buscando chicas”, resumió una alta fuente del caso. Rubio Como ya se señaló, la víctima describió al comisario de la seccional como una persona de “ojos claros, cabello entre rubio y pelirrojo corto”. También, a los federales, les dijo que “era alto”. El subcomisario Nicolás Pérez, titular hasta este fin de semana de la 5ta., es rubio y reúne esas mismas características. No es tan alto pero claro, todo depende de la perspectiva: el denunciante es de baja estatura. “Él lo vio alto, después dijo 1,80 aproximadamente”, se sinceró una fuente judicial. Pérez debió entregar su teléfono ante los oficiales de la Federal que le allanaron la comisaría. Allí puede estar la clave para determinar si estaba al tanto de la operación que hacía la banda a su cargo. En la fiscalía de Del Cero no tienen dudas, pero buscan evidencia para probarlo. De la dependencia también se llevaron documentación. Se tratará de investigar si hay otras “causas” no elevadas a la Justicia y que hayan servido para otras extorsiones. Los expedientes cajoneados en comisarías es un viejo método de recaudación o de “intercambios de favores” de la Policía. Muchas veces las presas favoritas son aquellas que tienen algo para esconder y que no, necesariamente, sea un delito. Uno de los últimos casos que se conocieron en Bahía involucró a un exfuncionario público, que logró que una denuncia en su contra durmiera durante dos años en un cajón de una comisaría. Todo se conoció cuando la víctima fue a preguntar sobre la suerte de su denuncia a la fiscalía. El expediente no existía porque había quedado “traspapelado en la taquería”. Preservar la identidad Desde que se conoció el episodio, muchísima gente preguntó de quien se trataba el profesional involucrado. Este medio decidió preservar su identidad por varias razones. En primer lugar porque los efectivos involucrados no sólo amenazaban y asustaban con armarle una causa, sino que además le recordaban que eso conllevaría un escándalo mediático con “consecuencias sociales inlevantables”. De esta manera, si trascendiera el nombre de la víctima se cristalizaría una de las amenazas de los policías. Arriesgó su pellejo denunciando a una banda de funcionarios corruptos, justamente, para evitar una acusación fabricada y un alboroto público que lo perjudique. Si la Justicia en algún momento llegara a imputarle algún delito por aquel episodio generado en su casa, donde una joven fue lastimada, ya no podrá su nombre mantenerse en el anonimato. La brujula