ECONOMIA
5 de abril de 2023
El gobierno analiza la posible suspensión de la ley de alquileres
La Ley 27.551 fue convertida en ley en junio de 2020, en el Senado, y entró en vigencia un mes después. Desde el sector inmobiliario ven con buenos ojos un cambio, aunque piden que no se haga "de cualquier manera". La posición de los inquilinos.
El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres, dijeron este martes a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.
La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar "el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida".
"Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera".
"Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades", señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso "necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad", ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
"Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron desde la entidad inmobiliario,
Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos" en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
"La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que "la ley de alquileres - sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional".
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que "los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados".
La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar "el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida".
"Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera".
"Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades", señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso "necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad", ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
"Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron desde la entidad inmobiliario,
Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos" en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
"La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que "la ley de alquileres - sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional".
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que "los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados".
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
ECONOMIA
Organizaciones sociales volverán a marchar para reclamar la continuidad de Volver al Trabajo
La UTEP convocó a una nueva jornada nacional de protesta para el próximo 7 de agosto, con el respaldo de la CGT y las dos CTA. Exigirán la continuidad del programa Volver al Trabajo y medidas de apoyo para la economía popular.ECONOMIA
Cayó la actividad, se derrumbó el consumo y el 70% de la economía sigue en recesión
El EMAE retrocedió por segundo mes consecutivo. El Gobierno apuesta al agro y la energía, pero esos sectores no consiguen sacar al resto del pozo.ECONOMIA
Cae el empleo formal y el salario mínimo ya perdió casi el 40 % de su poder de compra
Un informe del IIEP de la UBA revela que desde noviembre de 2023 se perdieron más de 217.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Mientras la industria y el comercio lideran la destrucción de empleo, el salario mínimo acumula una caída real del 39,7 % y se ubica por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
