El plan sistemático de destrucción industrial llegó a las cooperativas y mutuales. La política de ajuste y transferencia de riqueza a los sectores concentradores que lleva adelante el gobierno de Milei sumó una nueva víctima al desmantelamiento productivo libertario, con la suspensión de autorizaciones para funcionar de miles de cooperativas y mutuales de todo el país. La medida restringe las gestiones administrativas de las entidades alcanzadas y, según denuncian desde la provincia de Buenos Aires, amenaza la continuidad de organizaciones que generan empleo y sostienen actividades productivas en distintas comunidades. A través de la Resolución 2076/2026, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) avanzó con una nueva etapa de su plan de “reordenamiento del padrón”, bajo el argumento de que las instituciones no presentaron documentación asamblearia y estados contables exigidos por la normativa vigente.
¿A cuántas cooperativas y mutuales afecta la Resolución 2076/2026 del INAES?
Como hizo con otros programas sociales y productivos, el gobierno anarcocapitalista, primero, da de baja cualquier tipo de beneficio y, luego, da las explicaciones del caso. El objetivo es, como quedó en claro en la última votación ante Naciones Unidas (junto con Estados Unidos e Israel, el gobierno argentino votó en contra del cooperativismo), desmantelar este esquema de entramado productivo. La decisión alcanza a un universo de 9.083 entidades, compuesto por 8.210 cooperativas y 873 mutuales, de acuerdo con los datos del relevamiento que circulan en el sector. De ese total, 7.206 quedaron suspendidas, otras 1.299 fueron intimadas a presentar documentación y 578 están exceptuadas de la medida. El 40 por ciento de las organizaciones alcanzadas corresponde a la provincia de Buenos Aires, según informó el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).
En diálogo con El Destape, el presidente del IPAC, Gildo Onorato, cuestionó la forma en que se implementó la resolución y advirtió que las exigencias administrativas, cuando no están acompañadas por herramientas para facilitar su cumplimiento, pueden convertirse en un mecanismo que debilite a las organizaciones. El dirigente vinculó la decisión con la falta de financiamiento para las políticas provinciales de promoción del sector y sostuvo que el resultado de ambas medidas es una reducción de las posibilidades de sostener el trabajo cooperativo. "Lo que hay es una política muy clara de destruir el tejido cooperativo, destruir el tejido productivo y, como dice el gobernador, hay un industricidio en camino que está todo vinculado a la misma idea de Nación", afirmó Onorato durante la entrevista con este medio.
La denuncia apunta a un mecanismo que excede la discusión sobre la presentación de balances o la realización de asambleas. Según el titular del IPAC, el Gobierno combina restricciones administrativas con una deuda de recursos destinados a las provincias, lo que reduce la capacidad de los organismos locales para acompañar a las entidades que necesitan regularizar su situación. En ese esquema, la fiscalización deja de funcionar como una herramienta para mejorar el desempeño institucional y pasa a operar, de acuerdo con su interpretación, como un factor adicional de presión sobre las organizaciones.
Nota con Gildo Onoratto aqui https://www.instagram.com/reels/DfARIc0J-Sn/
