El Gobierno de Javier Milei decidió recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para intentar reactivar el crédito hipotecario. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que hasta $2 billones del fondo previsional serán colocados en plazos fijos de bancos privados, con la condición de que esos recursos sean destinados a préstamos para vivienda.

La medida apunta a resolver uno de los principales problemas del sistema financiero argentino: los bancos captan depósitos principalmente a corto plazo, mientras que los créditos hipotecarios requieren financiamiento a 15, 20 o incluso 30 años.

El esquema contempla depósitos del FGS ajustados por UVA más una tasa adicional. Habrá colocaciones a un año, con un rendimiento mínimo de UVA más 2,5%, y a cinco años, con un piso de UVA más 4,5%. Los bancos tendrán 90 días para transformar esos fondos en créditos hipotecarios, que podrán financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Sin embargo, el plan genera dudas entre especialistas del sistema financiero. La principal objeción apunta a que el mecanismo no elimina el descalce de plazos: mientras una hipoteca puede extenderse durante tres décadas, el fondeo más largo que aportará el FGS tendrá una duración de apenas cinco años.

Esto significa que los bancos deberán renovar varias veces esos recursos para sostener préstamos de largo plazo. Desde el sector advierten que esa dependencia puede generar riesgos de liquidez si las condiciones financieras cambian o las renovaciones no se producen en los mismos términos.

El propio Caputo reconoció la dificultad estructural: los bancos otorgan créditos a 15, 20 o 30 años mientras sus depósitos tradicionales tienen plazos mucho más cortos. La apuesta oficial es que la intervención del FGS permita extender esos horizontes y acelerar la oferta hipotecaria.

Una apuesta con impacto limitado

El Gobierno sostiene que el crédito hipotecario puede generar un efecto multiplicador sobre la economía, especialmente a través de la construcción, la industria y el empleo. Caputo señaló que el stock de crédito hipotecario argentino representa apenas el 2% del PBI, frente al 27% de Chile y el 50% de Estados Unidos.

Pero existe una diferencia importante según el destino del préstamo. Cuando el crédito se utiliza para comprar una vivienda usada, principalmente se produce una transferencia de propiedad entre particulares. El impacto sobre la actividad económica es mucho menor que cuando el financiamiento permite construir una vivienda nueva, ampliar una propiedad o realizar refacciones.

Según las estimaciones oficiales, los $2 billones podrían alcanzar para unas 17.000 o 18.000 soluciones habitacionales. El ejemplo presentado por el Gobierno contempla una vivienda de US$106.667, financiada en un 75%, a 25 años y con una tasa de UVA más 7%. La cuota inicial rondaría los $865.000 y el grupo familiar debería demostrar ingresos netos cercanos a $3,46 millones mensuales.

El riesgo para el fondo previsional

La discusión más sensible pasa por el costo de oportunidad para el FGS. Los cuestionamientos apuntan a que, en lugar de avanzar sobre un mercado de capitales de largo plazo, el Gobierno utiliza recursos previsionales para cubrir una deficiencia estructural del sistema financiero.

También existe una discusión jurídica. Especialistas señalan que será necesario conocer la reglamentación definitiva para determinar cómo se compatibilizarán estas operaciones con el régimen de inversiones del FGS, especialmente respecto de los límites de concentración por instrumento y entidad.

Caputo aseguró que el FGS no asumiría el riesgo crediticio de los hipotecados, ya que cualquier incumplimiento quedaría en manos de los bancos. Sin embargo, esa garantía no elimina los riesgos propios de invertir recursos previsionales ni resuelve el problema central de los plazos.

Una solución que posterga el problema

El plan puede aportar liquidez y permitir que algunos bancos amplíen temporalmente su oferta de créditos hipotecarios. Pero la crítica de fondo es difícil de esquivar: un depósito a cinco años no convierte mágicamente en sostenible una hipoteca a treinta.

La Argentina necesita inflación baja, estabilidad macroeconómica, ahorro interno y un mercado de capitales capaz de generar financiamiento de largo plazo. Mientras esas condiciones no existan, el FGS aparece como una herramienta para cubrir parcialmente esa ausencia.

La apuesta de Caputo puede darle oxígeno al crédito hipotecario, pero también traslada una pregunta incómoda hacia el futuro: ¿qué ocurrirá cuando llegue el momento de renovar esos fondos y las condiciones financieras ya no sean las mismas?

El Gobierno busca reactivar el crédito utilizando una reserva previsional. El desafío será demostrar que esa herramienta no se convierte simplemente en un puente temporal que posterga, una vez más, la solución al problema estructural del financiamiento de largo plazo.