En medio de los crecientes reclamos por los bajos salarios, el Ministerio de Defensa resolvió flexibilizar las restricciones que impedían a soldados, suboficiales y oficiales desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio.

La decisión habilita a los efectivos a desempeñarse en distintas tareas privadas para reforzar ingresos, incluyendo trabajos como reparto, transporte de pasajeros mediante aplicaciones, seguridad privada y otras actividades compatibles con la función militar.

La medida llega luego de meses de cuestionamientos por el deterioro salarial que afecta a gran parte del personal de las Fuerzas Armadas, en un contexto donde numerosos efectivos denuncian dificultades para afrontar sus gastos cotidianos.

La resolución generó repercusiones inmediatas, ya que expone una situación que hasta hace pocos años parecía impensada: integrantes de las Fuerzas Armadas obligados a buscar una segunda fuente de ingresos para llegar a fin de mes.

Desde el Gobierno sostienen que la medida amplía oportunidades laborales y brinda mayor libertad al personal militar. Sin embargo, las críticas apuntan a que la decisión constituye una admisión implícita de que los salarios actuales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

La polémica también alcanza al plano político. Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, el presidente Javier Milei había prometido jerarquizar a las Fuerzas Armadas y recuperar su protagonismo institucional. Para muchos observadores, la posibilidad de que efectivos deban recurrir a trabajos informales o de servicios aparece lejos de esa promesa.

De la formación militar a la economía de plataformas

El debate se profundiza al considerar el nivel de capacitación del personal militar. Efectivos formados en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones especiales o defensa territorial ahora podrán complementar sus ingresos con tareas ajenas a su especialización.

Esto reaviva cuestionamientos sobre la utilización de recursos humanos altamente capacitados que, fuera de servicio, podrían terminar desempeñándose como conductores de aplicaciones, repartidores o trabajadores eventuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Más allá de las posiciones políticas, la medida vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cuánto debe ganar un integrante de las Fuerzas Armadas para no verse obligado a buscar un segundo empleo.

El ajuste también alcanza a la Defensa

La autorización se da en un contexto de recorte del gasto en el área de Defensa. En los últimos meses, asociaciones vinculadas al personal militar denunciaron una caída del poder adquisitivo y limitaciones presupuestarias.

Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta para aliviar la situación económica del personal, el trasfondo del debate apunta a la cuestión salarial. Porque detrás de la posibilidad de manejar un vehículo de aplicación o realizar repartos aparece una discusión más profunda: si quienes tienen a su cargo la defensa nacional necesitan un ingreso adicional, el problema probablemente no sea el segundo empleo, sino el salario principal.