La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026 y forma parte del paquete de desregulación laboral impulsado por la Casa Rosada. Además de poner en marcha el nuevo esquema para financiar indemnizaciones, la normativa introduce cambios en la negociación colectiva, aumenta los controles sobre las organizaciones sindicales, redefine el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales y establece nuevas exigencias para la liquidación de salarios.

Uno de los puntos más llamativos es la obligación de incorporar en los recibos de sueldo un apartado que detalle el costo laboral total asumido por el empleador. Allí deberán figurar aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, obras sociales, PAMI, ART, aportes sindicales y otros conceptos vinculados a la relación laboral.

La reglamentación también establece nuevos criterios para determinar cuándo un convenio colectivo puede considerarse vencido y habilitar una nueva negociación. En aquellos casos en que no exista una fecha de expiración expresa, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para iniciar el proceso de renegociación.

Asimismo, se dispone que los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos deberán computarse de manera global para verificar el cumplimiento de los límites fijados por la legislación vigente. Los acuerdos que excedan esos topes deberán adecuarse a la nueva normativa y no podrán ser homologados.

Más controles sobre los sindicatos

Otro de los ejes centrales del decreto apunta a las organizaciones gremiales. Los cuerpos directivos deberán mantener una proporción considerada “razonable” respecto de la cantidad de afiliados cotizantes y estarán sujetos a mecanismos de verificación mediante cruces de datos con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases oficiales.

También se endurecen las condiciones para el uso del crédito horario sindical. Los representantes gremiales deberán informar al empleador con al menos 48 horas de anticipación la utilización de esas horas y garantizar que su actividad no afecte el funcionamiento normal de la empresa.

La normativa, además, habilita a la autoridad de aplicación a verificar la cantidad de afiliados de cada sindicato y endurece los requisitos para disputar una personería gremial.

Cómo funcionará el nuevo fondo para indemnizaciones

La reglamentación aprueba formalmente el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será obligatorio para los empleadores del sector privado y quedará excluido únicamente el sector público.

Cada empresa deberá abrir una Cuenta Individual específica donde se depositarán las contribuciones destinadas a cubrir futuras indemnizaciones. Los fondos serán administrados a través de mecanismos supervisados por organismos estatales y entidades financieras autorizadas.

El decreto establece que la cobertura deberá garantizar el pago de las obligaciones indemnizatorias incluso ante escenarios adversos del mercado laboral. Cuando se produzca un despido, la entidad administradora tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir el dinero al trabajador.

El sistema contempla la asignación de un identificador único para cada empleador y prevé la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en caso de incumplimientos. Las inversiones de esos fondos deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina.

La cobertura alcanzará únicamente a trabajadores registrados con una antigüedad mínima de doce meses.

Blanqueo laboral para empresas

A través del Decreto 409/2026, el Gobierno también reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a la regularización de trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente.

El esquema contempla una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales para micro y pequeñas empresas, del 80% para medianas y del 70% para el resto de los empleadores. Además, se perdonarán completamente las deudas vinculadas a obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Mientras tanto, crecen las críticas por la conformación de la futura Cámara Laboral. De los seis candidatos impulsados por el oficialismo, cinco mantienen vínculos directos con estudios jurídicos empresariales o sectores alineados históricamente con las patronales, una señal que para el mundo sindical confirma la orientación de la reforma.

La promesa libertaria de “modernizar” las relaciones laborales empieza a mostrar su verdadera cara. Menos poder para los sindicatos, más beneficios para las empresas y un sistema que transforma las indemnizaciones en fondos financieros administrados por terceros. Detrás del discurso de la eficiencia y la libertad, el Gobierno avanza sobre conquistas laborales que costaron décadas de lucha. Y mientras los trabajadores pierden derechos, los grandes empleadores siguen acumulando ventajas.