El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de subsidios que compensaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer.

La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. En el texto se establece: “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”.

Estas normas obligan a las empresas bajo jurisdicción nacional a garantizar el traslado sin cargo de los grupos mencionados. Hasta ahora, el Estado cubría parcialmente esos costos mediante subsidios, esquema que quedará sin efecto.

Según se argumenta en la resolución, tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, los transportistas cuentan con libertad para definir recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio. En ese marco, el Gobierno considera que las empresas están en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos.

En los considerandos se sostiene que la “libertad tarifaria” implica una reconfiguración de la ecuación económico-financiera del sector, permitiendo a los operadores incorporar estas obligaciones dentro de su estructura de costos. Además, se afirma que la causa que justificaba el esquema compensatorio “ha sido superada”, por lo que resulta innecesaria su continuidad.

La resolución aclara que el derecho a la gratuidad para estos usuarios continúa vigente y es de cumplimiento obligatorio. La fiscalización quedará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que deberá garantizar que las empresas sigan emitiendo los boletos sin cargo conforme a la normativa.

La decisión se da en un contexto de cuestionamientos por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso y aún pendiente de aplicación. En paralelo, el gobierno encabezado por Javier Milei impulsa cambios en el sistema que, según distintos sectores, podrían profundizar las dificultades en el acceso a prestaciones y coberturas.