El crecimiento de la mora en el sistema financiero argentino llegó con fuerza al Congreso: cerca de 30 proyectos de ley fueron presentados con el objetivo de generar mecanismos de alivio para personas endeudadas. El fenómeno se da en un contexto marcado por mayores niveles de impago, saldos cada vez más atrasados y dificultades para acceder a refinanciaciones tradicionales.

Las iniciativas, impulsadas por legisladores de distintos bloques —entre ellos Gabriela Estévez, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio—, apuntan al sobreendeudamiento de los hogares. Todas coinciden en una preocupación central: evitar que la deuda se convierta en una carga permanente para familias que ya no pueden sostener sus compromisos.

Entre las principales propuestas se destacan la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. En términos concretos, se busca facilitar la regularización de los deudores sin que queden excluidos del sistema financiero durante largos períodos.

Varios proyectos incorporan el principio de “esfuerzo compartido”, que plantea una participación equilibrada entre deudores y acreedores en los procesos de reestructuración. Incluso se contempla la intervención judicial para reducir capital o intereses en casos donde se detecte otorgamiento irresponsable de crédito. Además, se prevén instancias de conciliación obligatoria previas a la vía judicial.

Otro eje relevante es la prevención del sobreendeudamiento. Las iniciativas proponen que las cuotas no superen el 30% de los ingresos familiares y obligan a bancos, financieras y emisores de tarjetas a evaluar la capacidad real de pago antes de otorgar nuevos créditos. También se exige mayor claridad en la información sobre tasas, costos y consecuencias de los atrasos.

En cuanto al financiamiento, los proyectos no contemplan el uso de fondos estatales. La propuesta es que las entidades financieras absorban parte del impacto mediante quitas, condonaciones o reestructuraciones, bajo el argumento de que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.

Desde el sector financiero advierten, sin embargo, que una mayor regulación podría restringir la oferta de crédito o encarecer los préstamos. Por su parte, el Gobierno nacional mantiene distancia del debate y sostiene que el problema debe resolverse dentro del propio sistema. El presidente Javier Milei lo resumió en una entrevista televisiva: “Para eso trabajan los bancos”.

Mientras tanto, el Congreso se posiciona en el centro de una discusión sensible: cómo contener una mora en aumento sin afectar el funcionamiento del sistema crediticio. Detrás de cada proyecto hay una realidad concreta: familias con tarjetas al límite, préstamos encadenados y salarios que ya no alcanzan para ponerse al día.