Un informe técnico del Ministerio de Salud encendió alarmas en torno a la gestión de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al detectar presuntos sobreprecios que, en algunos casos, alcanzan el 4239% en insumos esenciales como andadores, sillas de ruedas y prótesis.

El documento, actualmente en manos de la Justicia, advierte sobre “desvíos críticos e injustificables” entre los valores facturados al Estado y los precios de referencia del mercado. Las diferencias no solo resultan llamativas por su magnitud —con rangos que van del 300% al 2000% y más— sino también por su carácter sistemático, lo que refuerza la hipótesis de un esquema estructurado y no de hechos aislados.

Uno de los casos más contundentes es la compra de un andador con una diferencia del 4239% respecto de su valor de mercado. A su vez, en el rubro de sillas de ruedas, se registraron sobreprecios de hasta el 2000%, mientras que otros insumos médicos también evidencian brechas difíciles de justificar desde cualquier criterio técnico o administrativo.

El informe también pone el foco en posibles vínculos entre proveedores, señalando la existencia de relaciones societarias y familiares que habrían distorsionado la competencia. Según el análisis, un reducido grupo de empresas concentró contrataciones millonarias, lo que alimenta sospechas sobre un circuito cerrado de adjudicaciones.

La investigación incluye además comparaciones con otras dependencias del Estado. Por ejemplo, mientras el PAMI abonó poco más de $124 millones por un insumo médico específico, Andis habría pagado $425 millones por el mismo producto, una diferencia del 242% que profundiza las dudas sobre los mecanismos de control.

En este contexto, la causa judicial avanza con decenas de personas involucradas, entre ellas exfuncionarios, empresarios y operadores vinculados al sistema de compras. Entre los nombres que aparecen figura Diego Spagnuolo, aunque su defensa sostiene que no existe prueba que lo vincule directamente con las maniobras investigadas.

Otro eje crítico apunta al funcionamiento del sistema digital de contrataciones, que, lejos de garantizar transparencia, habría sido manipulado para limitar la competencia y direccionar adjudicaciones. La hipótesis fiscal sostiene que se simulaban procesos competitivos, pero con proveedores previamente seleccionados.

El fiscal Franco Picardi describió el mecanismo como una estructura organizada que operaba “bajo una fachada de imparcialidad”, permitiendo beneficiar a determinados actores en perjuicio del Estado.

Mientras continúan las indagatorias —que ya alcanzan a 49 personas— el caso expone una problemática de fondo: la fragilidad de los controles en áreas sensibles, donde los recursos públicos están destinados a sectores especialmente vulnerables. La magnitud de los montos y la naturaleza de los bienes involucrados convierten a esta causa en un nuevo test para la capacidad del Estado de detectar, investigar y sancionar la corrupción.