En medio de una creciente tensión con los medios de comunicación, el Gobierno nacional dispuso la prohibición del ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida de fuerte impacto institucional y con escasos antecedentes en períodos democráticos.

Según fuentes oficiales, la decisión incluye el retiro de las huellas dactilares registradas a los trabajadores de prensa como medida preventiva, en el marco de una investigación por una supuesta infiltración extranjera en medios de comunicación. A esto se suma la denuncia penal presentada contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal, luego de la difusión de imágenes grabadas en el interior de la sede gubernamental.

Desde el Ejecutivo señalaron que se dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones correspondientes a 2025 y que el acceso permanecerá restringido hasta tanto avance la causa judicial y se esclarezcan los hechos vinculados a la difusión del material audiovisual. Hasta el momento, no se emitió un comunicado oficial que formalice la medida.

La denuncia fue impulsada por la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad de la sede de gobierno y la residencia presidencial— y recayó en el juzgado federal N.º 4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La presentación sostiene que los periodistas habrían incurrido en conductas que comprometen la seguridad institucional y la confidencialidad de información sensible.

En paralelo, el presidente Milei se expresó públicamente a través de redes sociales con duras críticas hacia el periodismo, profundizando un clima de confrontación que ya venía escalando en las últimas semanas.

La medida genera controversia en el ámbito político y periodístico, al tratarse de una restricción generalizada al acceso a la información pública, en un contexto donde la relación entre el Gobierno y la prensa atraviesa uno de sus momentos más tensos.