Las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares comenzaron en el Congreso en un clima cargado de tensión. Desde temprano, un amplio despliegue de seguridad acompañó el ingreso de los participantes, en medio de gritos, interrupciones y desbordes en los accesos, lo que generó las primeras críticas de la oposición, que pidió la nulidad del proceso.

La jornada inaugural dejó más dudas que certezas: de más de 100 mil inscriptos, solo 180 pudieron exponer, con intervenciones reducidas de cinco a cuatro minutos por decisión del oficialismo. Además, se denunciaron restricciones en el ingreso de participantes registrados y la inclusión de oradores no previstos en la lista original.

En ese contexto, las acusaciones cruzadas elevaron la tensión. El abogado ambientalista Enrique Viale apuntó contra la senadora Flavia Royón, a quien vinculó con intereses mineros, mientras que la exdiputada Marta Maffei, impulsora de la ley original, rechazó de plano la reforma y anticipó posibles acciones legales, calificando la audiencia como una “aberración”.

Desde la oposición, el diputado Juan Pablo Luque definió la jornada como un “papelón institucional” y acusó al oficialismo de restringir la participación ciudadana. En la misma línea, distintos sectores advirtieron que el proyecto podría debilitar la protección ambiental, afectar reservas hídricas y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.

Organizaciones ambientalistas y dirigentes políticos coincidieron en cuestionar tanto el contenido de la reforma como la modalidad de las audiencias, al considerar que limita el debate democrático. En ese marco, anticiparon que buscarán impugnar judicialmente tanto la iniciativa como el procedimiento, en una disputa que recién comienza y promete escalar en los próximos días.