La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (Aduns), gremio de base de CONADU Histórica, difundió un pronunciamiento contra la decisión oficial de impulsar una reforma de la Ley 27.795, conocida como Ley de Financiamiento Universitario (LFU).

La chispa que encendió el conflicto fue el Decreto PEN 103/26, firmado el 13 de febrero, mediante el cual el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporó al temario el tratamiento de un proyecto que modifica la LFU.

La norma en cuestión fue aprobada el 2 de octubre de 2025. Según ADUNS, el Gobierno no la aplica pese a existir un fallo judicial favorable a su implementación, actualmente apelado por el Ejecutivo.

En términos salariales, el eje de la disputa es contundente: de acuerdo con el gremio, la aplicación estricta de la ley vigente y los índices oficiales de inflación publicados por el Indec determinan que al 31 de enero de 2026 el Estado adeuda un 51,6% de incremento salarial acumulado.

“La ley es clara. Los porcentajes no son opinables. 51,6% no es igual, ni se parece, a 12,3%”, sintetiza el comunicado. "Lo inaudito es que con su reforma pretende conformarnos, a docentes y no docentes, con un aumento salarial sin respetar mínimamente la inflación del período analizado", agregam.

Según Aduns, el proyecto elimina dos pilares centrales de la norma vigente: el reconocimiento de la pérdida salarial acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2025, que implica un 44,18% de recomposición desde octubre de 2025; y la obligación de paritarias trimestrales a partir del 1 de noviembre de 2025, con aumentos no inferiores a la inflación acumulada del período analizado.

En su lugar, la propuesta del Ejecutivo plantea aumentos no acumulativos del 4,1% en marzo, julio y septiembre, y negociaciones trimestrales sin garantía de actualización automática por inflación.

"Es innegable que debemos apelar a todas las instancias – institucionales, judiciales y legislativas – pero sin ninguna duda lo que nos hará más fuertes para poder conquistar la aplicación plena de la LFU y derrotar toda esta estrategia perversa y de último momento implementada por el Gobierno Nacional - es construir y convocar de inmediato a un gran plan de lucha nacional", afirma el gremio.

El pliego de exigencias es concreto:

Aplicación plena e inmediata de la Ley 27.795.

Liquidación urgente del 51,6% de incremento salarial adeudado.

Pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), sus autoridades y el CIN en defensa irrestricta de la norma vigente.