El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, dispuso limitar a seis meses la renovación de contratos de empleados estatales mayores de 65 años que no cuenten con los aportes necesarios para acceder a la jubilación. La medida podría derivar en que parte de estos trabajadores deban recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Actualmente, la PUAM equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443. Si bien contempla cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni el acceso a todos los beneficios de una jubilación contributiva.

La resolución establece que, para renovar los contratos, los organismos estatales deberán presentar obligatoriamente la constancia de intimación a jubilarse en los casos en que los trabajadores superen los 30 años de aportes al sistema previsional.

Hacia fines de 2024, los trabajadores contratados —es decir, no permanentes— representaban el 12,7% del total de la planta estatal y sumaban cerca de 58 mil personas. Sin embargo, ese número se redujo debido a la no renovación de contratos en los últimos meses.

Una porción de los trabajadores alcanzados por la medida no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que podría dejarlos sin empleo y sin posibilidad de completar los aportes faltantes.

En paralelo, se estima que cerca de 1.100.000 jubilados continúan trabajando en Argentina, lo que representa el 19% del total y un incremento del 60% respecto de hace una década.

La normativa se aplicaría sin excepciones, incluso en áreas donde los empleados constituyen el único personal técnico con experiencia específica o en dependencias con planteles reducidos. Cabe recordar que, meses atrás, mediante la Resolución 3/2023, habían sido intimados a jubilarse 10.000 empleados públicos que cumplían con los requisitos, de los cuales más de 6.800 pertenecían a planta permanente.

La medida se enmarca en modificaciones estructurales del sistema previsional. En ese contexto, la dotación total de personal en la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2%.

Según el Centro CEPA, en el último período fueron recortados aproximadamente 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la planta del Sector Público Nacional, equivalente a un promedio de casi 80 despidos diarios. En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de desvinculaciones, seguidas por organismos descentralizados y centralizados. En términos proporcionales, el ajuste impactó con mayor fuerza en la administración centralizada.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo decidió no prorrogar la moratoria previsional contemplada en la Ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no completaban los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no aportados. Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo, según datos oficiales.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. El dirigente sostuvo que la medida “condena a los trabajadores a quedarse sin empleo, sin obra social y sin la posibilidad de jubilarse”, y afirmó que el Gobierno presiona a empleados con 29 años de aportes para que opten entre acceder a la PUAM o perder su fuente laboral.

Aguiar también vinculó la decisión con otras políticas oficiales que afectan al empleo estatal. “A esto se suma la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados”, señaló, al advertir que el Gobierno acumula medidas contrarias a los intereses de los trabajadores.

Fuente: NA.