El antecedente es conocido. “Implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos. Lo votamos en función del ideario liberal”, había dicho Javier Milei cuando, como diputado, explicó su voto en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas. Con ese marco, distintas organizaciones y profesionales de la salud advierten que, bajo su presidencia, se está produciendo un desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política sanitaria central para el abordaje de una de las principales causas de mortalidad infantil en la Argentina.

En el país nacen cada año alrededor de 7.000 niños y niñas con cardiopatías congénitas, y cerca del 50% requiere una cirugía durante su primer año de vida. Desde la creación del PNCC, en 2008, la mortalidad asociada a estas patologías se redujo de manera significativa gracias a una red federal de derivación coordinada por el Estado nacional. Así lo remarcó la Federación Argentina de Cardiología, que expresó su “profunda preocupación por esta crítica situación” y reclamó a las autoridades nacionales que revisen las decisiones adoptadas.

“El programa permitió sostener un equipo técnico altamente especializado, con experiencia acumulada durante años, y garantizar derivaciones oportunas a los centros adecuados en todo el país”, señaló la entidad en un comunicado. Según advirtieron, la desvinculación reciente de profesionales atenta directamente contra la continuidad del sistema y pone en riesgo los avances logrados.

El PNCC funcionaba con un equipo de siete especialistas que coordinaban la atención y derivación a 15 centros de alta complejidad distribuidos en distintas provincias. Gracias a esa estructura, se realizaban cerca de 800 procedimientos quirúrgicos por año y se atendían más de 6.000 notificaciones anuales. Con el tiempo, el programa también incorporó el seguimiento de embarazadas y el diagnóstico de cardiopatías fetales.

En las últimas horas se conoció que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, decidió no renovar el contrato de tres integrantes del equipo. La medida derivó en la renuncia del resto de los profesionales, quienes interpretaron la decisión como un vaciamiento del programa. Desde el colectivo Cardiocongénitas Bonaerenses difundieron una carta del equipo saliente en la que explican los motivos de la dimisión: “Esta medida no constituye un acto de abandono, sino de resistencia ante el vaciamiento de una política de Estado que ha garantizado el derecho a la salud de miles de argentinos”.

En ese documento alertan sobre las consecuencias inmediatas del desmantelamiento: “La desvinculación de profesionales especializados y la consecuente desarticulación del equipo técnico conlleva riesgos directos e inmediatos: aumento de la mortalidad infantil y adulta —las cardiopatías requieren seguimiento ininterrumpido—, dilación en los tiempos de derivación y cirugía y ruptura de la Red Federal”.

“Es literalmente la muerte de bebés”

Desde las familias, las advertencias son aún más crudas. “El desmantelamiento del programa implica literalmente la muerte de niños y bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, sostuvo Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la Ley 27.713, aprobada en 2023 pese al voto negativo de Milei y de la entonces diputada Victoria Villarruel.

“Las cardiopatías congénitas son compatibles con la vida en un 95% de los casos cuando se operan. Lo que se está desmantelando es el derecho a la vida de nuestros hijos”, remarcó. Su hija Minna nació en 2008 con una cardiopatía congénita y continúa su atención en el Hospital Garrahan, centro de referencia del programa.

Wajsman denunció que, al asumir el actual gobierno, la lista de espera para cirugías era cero. “Hoy ya hay pacientes en lista de espera. Sabemos de un nene de Río Negro al que le retrasaron una cirugía sin prótesis y ahora tiene una nueva insuficiencia generada por la demora”, afirmó. También vinculó esta situación con el escenario crítico que atraviesa el Hospital Garrahan: “Los golpes fueron directos, brutales”.

El Ministerio admite recortes, pero asegura que el programa está “garantizado”

Tras las denuncias públicas y las investigaciones periodísticas que revelaron la pérdida del equipo de cardiólogos especializados, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que intentó llevar tranquilidad, aunque confirmó la reducción del personal técnico. Según el Gobierno, el programa ahora es operativizado por personal administrativo coordinado por el Hospital Garrahan.

Bajo el título “El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas está garantizado”, la cartera sanitaria aseguró que la política pública “sigue funcionando”. Detalló que durante 2025 el programa “contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios”, por lo que consideró que existía “un exceso de personal”. “Frente a este escenario, el Ministerio resolvió reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención. La respuesta del personal desafectado fue intentar vaciar el programa, renunciando en bloque”, señaló el comunicado oficial.

“A pesar de ello, en lo que va de 2026, todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención. El programa continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”, concluyó el Ministerio.

Fuente: Tiempo Argentino