El artículo 194 del proyecto oficial es otro símbolo del desprecio de clase del gobierno derechista. Con la simple orden de "deróguese" intenta borrar de un plumazo decenas de estatutos y normas que favorecen a los trabajadores y trabajadoras, como una enumeración de números. "12.908" es el número del Estatuto del Periodista, que tiene 80 años y fue conseguido antes que los convenio colectivos por rama, con los cuales se complementa.

El Estatuto, además de fijar las primeras normas y derechos laborales ("buenas" vacaciones, afiliación, paritarias), implicó un freno a los ataques a la libertad de expresión, la persecusión ideológica, la protección contra despidos arbitrarios, con indemnizacion agravadas que no existen en otras actividades.

Quienes fuimos delegados o participamos de conflicto de prensa, sabemos el odio de las empresas periodísticas a esa herramienta que permitía poner ciertos límites a la prepotencia de los dueños de los medios y el propio Estado. Está claro que ninguna ley resuelve la disputa con los empresarios, ni la defensa del salario y las condiciones. El propio SiPreBA muestra anualmente cómo Clarín pero también Página 12 han logrado que la precarización, los salarios miserables y el pluriempleo, pero también las presiones y acoso, sean "noticia corriente" en las redacciones, radios y canales. Los gobiernos han dejado "correr" esos ataques, que hacen medios gorilas pero también "progres" y ni siquiera fue incluída en la Ley de Servicios Audiovisuales, que las leyes mileístas también atacan.

La represión a la prensa, con el fotoreportero Pablo Grillo como símbolo, fueron parte de esta ofensiva.

Pero quieren impunidad total. Como denuncian SiPreBA, Fatpren y los sindicatos regionales, es "un ataque a quienes trabajamos y al periodismo: la contrarreforma laboral busca borrar un siglo de derechos".

En una declaración que podés leer acá, plantean que estos estatutos "son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo".

Como si fuera una paradoja, el debate sobre la "reforma" ya recorre los portales. Las empresas periodísticas están interesadas en que se apruebe. Quieren convenios por empresa para dividirnos más, echarte más fácil si reclamás o escribís o fotografiás algo que no les gusta, que no puedas hacer asamblea en tu medio ni menos un paro que afecte los "clicks" y la pauta. Pero Magnetto y Haddad pidieron un poco más, para ayudar al gobierno en la disputa por la "opinión pública" en esta nueva etapa de ataques: periodistas sin estatuto, sin libertad de expresión, censurados.

Otro motivo más para enfrentar el proyecto. Como plantea SiPreBA: "Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral".