Desde ATE Punta Alta dieron a conocer un documento en el que detallan el estado actual de los salarios estatales y fundamentan el reclamo por una recomposición urgente. El informe, actualizado a noviembre de 2025, advierte sobre una marcada pérdida del poder de compra y un proceso de empobrecimiento que, según el gremio, ya no puede considerarse coyuntural.

De acuerdo al análisis presentado, los salarios de la administración pública nacional se encuentran ampliamente rezagados frente a la inflación acumulada, en un contexto atravesado por aumentos tarifarios, inflación sostenida y un creciente endeudamiento de los hogares. “No se trata de ajustes puntuales, sino de un empobrecimiento estructural que compromete la dignidad y la reproducción vital de quienes sostienen el Estado”, señalaron desde la organización sindical.

El informe indica que en noviembre de 2025 un trabajador o trabajadora necesitó $2.080.041 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo, compuesto por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar. Ese monto se desglosa en $711.260 para la canasta alimentaria básica y $1.368.781 destinados a otros bienes y servicios esenciales.

Asimismo, ATE remarcó que desde la asunción del actual gobierno la inflación acumulada alcanza el 249,6%, mientras que la pérdida del poder adquisitivo llega al 29,15% en el caso testigo del Nivel D Grado 0. En el caso de los trabajadores monotributistas, con un ingreso neto mensual de $776.932, la pérdida acumulada asciende a $5.511.785, equivalente a más de siete meses de honorarios en los últimos 94 meses.

Frente a este escenario, el gremio exigió un aumento de emergencia del 124% a pagar en una sola cuota, la inmediata reapertura de la mesa paritaria sin techo ni dilaciones, un bono mensual de $400.000 para todos los trabajadores, el pase a planta permanente sin quita salarial, la reincorporación de despedidos y la garantía de que ningún salario —ni de trabajadores activos ni de jubilados— quede por debajo de la línea de pobreza.

Desde ATE sostuvieron que la recomposición salarial no es solo una discusión económica, sino una condición indispensable para asegurar condiciones de vida dignas, el acceso a derechos básicos y frenar el empobrecimiento colectivo que atraviesa al sector estatal.