Este viernes, a través de una nota enviada al ministro de Defensa Luis Petri, la Asociación Trabajadores del Estado reclamó la inmediata apertura del Convenio Colectivo Sectorial de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, docentes civiles e IOSFA.
El documento declara el estado de alerta y movilización y ratifica la necesidad de tomar las medidas sindicales urgentes y necesarias para garantizar los derechos salariales y de carrera que el gobierno se niega a reconocer.
“La situación del sector, el más postergado de toda la Administración Pública Nacional, es crítica con un salario inicial de 312.000 pesos, por debajo de la línea de indigencia”, se remarcó en el escrito.
ATE recalca, entre otras demandas, la recomposición de haberes, con la actualización de las asignaciones básicas y del valor de la Unidad Retributiva; el incremento proporcional del Adicional de Grados y la equiparación de los Suplementos por Capacitación y Formación Funcional fijados que estipula el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); la aplicación del Suplemento de Enfermería y la creación del Suplemento por Función Sanitaria y la jerarquización a través de la aplicación del Suplemento por Función de Jefatura. A la vez, el Sindicato exige el pase a planta permanente del personal contratado, la implementación de un plan de Movilidad Vertical y el cese del reemplazo de bajas con personal militar voluntario.
El documento, que lleva la firma del secretario general de la ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Flavio Vergara, puntualiza el difícil momento que atraviesan los docentes civiles y el profundo malestar ante la falta de cumplimiento del compromiso de pago de una suma fija 150.000 pesos para los docentes civiles, que además de resultar absolutamente insuficiente, discriminatoria y restrictiva, al día de la fecha es adeudada.
A su vez, desde la ATE se advierte sobre la compleja situación de la obra social IOSFA que agrava aún más el panorama del sector: “El desfinanciamiento sostenido del Instituto está produciendo un progresivo vaciamiento, con impacto directo sobre las prestaciones médicas, la provisión de medicamentos y los tratamientos de alta complejidad, afectando derechos esenciales de trabajadores y sus familias”.
