En los fundamentos del veto se señalaba que el Gobierno ya había dictado a comienzos de abril el Decreto 238/25, que creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de $ 200 millones destinado a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca, a cargo del Ministerio de Seguridad. Y que dicho fondo tenía en parte financiamiento del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), oportunamente aprobado por el Decreto 818/2022.

También en el veto se señalaba que era de “imposible cumplimiento” atender a Coronel Rosales porque esa localidad no quedó dentro de los informes técnicos que realizaron organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Luego de detallar las ayudas implementadas, según el veto presidencial, “con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”. Y que la ley votada por el Congreso no especificaba cómo se financiarían las ayudas.

Ahora, el Gobierno dispuso recortar a la mitad el Fondo de Ayuda a Bahía Blanca. Si bien la Decisión Administrativa no lo dice, para el Gobierno ya no sería necesario mantener la partida original.

NE