La denuncia que presentó Patricia Bullrich para censurar la publicación de los audios de Karina Milei afirma que Claudio "Chiqui" Tapia es parte de un complot para "derrocar" al gobierno.
Este lunes, el ministerio de Seguridad presentó en el fuero penal federal una denuncia por violación de la ley de inteligencia en la que solicita también la censura a los medios, además de allanamientos a periodistas.
"Lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno", dice la denuncia presentada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional.
Soto fue uno de los pocos funcionarios que salió a defender a Karina apenas se filtraron los audios de Diego Spagnuolo. En 2023, antes de ser libertario fanático, Soto dijo que Milei "tiene una importante falla en el equilibrio emocional".
La propia Patricia había salido en defensa de un medio de comunicación que publicó escuchas en 2014. "Nuevo atropello contra la libertad de expresión, allanan @labrujula24 para evitar se conozcan nuevas escuchas del caso Suris", tuiteó Bullrich en esa ocasión.
Es decir, el mismo hecho que le parecía un acto de libre expresión cuando era opositora, le parece un acto golpista cuando está en el gobierno.
En la denuncia que presentó su ministerio, Bullrich acusa una "operación criminal" del canal de streaming Carnaval, donde se publicaron los audios de Karina que según confirmó el propio Manuel Adorni fueron grabados en Casa Rosada. "Su dueño es Pablo Toviggino, mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia", dice la denuncia.
"A ellos se suma Jorge Rial, tradicional operador mediático que adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa, transmitido en el mismo canal", agrega la denuncia.
En otro tramo acusan directamente a la diputada Marcela Pagano. "Otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca", dice la denuncia.
La ex presidenta Cristina Kirchner aparece mencionada como "presidiaria" en la denuncia. "El timing electoral, la metodología clandestina de obtención de las pruebas y la difusión ulterior se ajustan a un esquema ya conocido: la utilización de la inteligencia ilegal para desestabilizar al Gobierno e incidir en el resultado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Considerando lo ocurrido hace algunos días, es probable que la maniobra se complete con la judicialización de las declaraciones obtenidas ilegalmente, de las que se extraen mentiras sacadas de contexto. Ese servicio suele prestarlo el abogado kirchnerista Gregorio Dalbón, uno de los letrados de la hoy presidiaria Cristina Fernandez de Kirchner", dice el escrito presentado por Soto. LPO
