La resolución firmada por Katopodis, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, insta a que la Justicia evalúe si corresponde presentar un reclamo judicial ante la Corte Suprema, una acción respaldada por antecedentes en la provincia de Buenos Aires.

Desde el gobierno provincial advirtieron que la medida impulsada por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, interfiere en las competencias municipales y en el marco normativo provincial. Esto pone en peligro la operatividad de unas 200 cooperativas eléctricas.

En particular, el gobierno de Kicillof criticó la resolución por intentar eliminar de las facturas los conceptos de contribución provincial, municipal y el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.

Este último es fundamental para equilibrar las diferencias de costos de distribución entre concesionarios provinciales y municipales, asegurando el sostenimiento del servicio eléctrico.

Según Katopodis, el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias garantiza que los usuarios con consumos similares paguen tarifas equivalentes, independientemente de su ubicación geográfica o las particularidades del servicio.

En 2023, más del 75% de las cooperativas eléctricas, aquellas con menos de 5.000 usuarios, recibieron el 77% de los recursos de este fondo. Sin embargo, estos aportes podrían desaparecer si la propuesta del Gobierno bonaerense no prospera, agravando la situación del sector.

Fuente: InfoGEI/Mega