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19 de mayo de 2024

El Gobierno apuesta a desarmar a las organizaciones sociales con ayuda de Comodoro Py

El Presidente recurre a operaciones judiciales y show mediático para justificar el ajuste a los sectores más vulnerados. La última semana arrancó con 27 allanamientos por la madrugada en comedores populares, sedes partidarias y de organizaciones y casas particulares. Algunos fueron violentos y delante de niños, denunciaron los movimientos.

Cuando llegó a la presidencia y habló de espaldas al Congreso, Javier Milei dijo que su gobierno no perseguiría a nadie. Lo que resonaba detrás de esa frase era que no implementaría la cacería política de la que se había valido la gestión de Mauricio Macri en alianza con el Poder Judicial y ciertos medios masivos contra exfuncionarios kirchneristas y en particular contra Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder que le disputaba poder. Pero era mentira lo que dijo el libertario: desde diciembre su equipo está enfocado en instalar que el enemigo político de hoy son las/los pobres y laburantes organizados/as. Quienes salen a las calles a protestar porque hay hambre y desocupación, los movimientos sociales que hicieron tambalear los cimientos ante la crisis en 2001 y que se consolidaron desde entonces en base a lazos solidarios y de contención, que no se traducen únicamente en proporcionar alimento.

   

Algo en común con el macrismo es apelar a la palabra clave: corrupción. Así, a la vieja usanza, el gobierno recurre a los tribunales de Comodoro Py y le ofrece un festín a medios y portales a los que les rinde más el odio de clase (propio de una gestión que descalifica la justicia social) que reflejar el escándalo de fondo: la suspensión de la entrega de alimentos para los comedores de organizaciones sociales, la interrupción de la provisión de medicación oncológica y para enfermedades graves para pacientes sin cobertura médica, el desfinanciamiento del programa de urbanización de barrios populares y el reemplazo del Potenciar Trabajo, que golpeó emprendimientos productivos.

No se conoce aún cuál es la política pública sobre derechos sociales de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se conoce la política represiva, del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, complemento del recorte de derechos. En medio de su viaje a España, el Presidente desmintió una salida de la primera: “¿Me equivoqué con decir que Pettovello estaba más firme que rulo de estatua?”, ironizó. “Ha encontrado un montón de desastres, le acaba de sacar la careta al peronismo", la felicitó. Para justificar el aumento de la pobreza dijo: "Cuando un país crece, también crece la desigualdad", dijo.

 

Explosión de denuncias

La última semana arrancó con 27 allanamientos por la madrugada en comedores populares, sedes partidarias y de organizaciones y casas particulares. Algunos fueron violentos y delante de niños, denunciaron los movimientos. La denuncia la había hecho la cartera de seguridad. Previo a la primera movilización del 20 de diciembre de 2023, había habilitado la línea 134 para recibir denuncias --que podían ser anónimas-- por extorsiones para asistir a la manifestación. El expediente le tocó al fiscal Gerardo Pollicita. Seguridad informó 2720 llamadas atendidas y denunció 924. La fiscalía identificó 45 hechos en la Ciudad de Buenos Aires y rastreó quiénes eran las personas que se habían comunicado aun sin dar nombre. Ubicó a siete testigos. Cinco habrían aportado pruebas.

 

El juez Sebastián Casanello rechazó allanar y detener por ser prematuro. Pero la Sala I de la Cámara Federal --conocida como la Sala M (de Macri)-- habilitó los operativos, no los arrestos. El fiscal imputó a 27 dirigentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha. Los acusa de amenazar con quitar el plan social a quien no se movilizara, o de pedir plata para entregar alimento a comedores que proporciona el Estado, o mandar gente a vender esa comida, u ofrecerles subsidios. Pidió la intervención del Departamento de Crimen Organizado (de la Policía Federal) concepto que el gobierno identifica con las mafias.

De la mano de estas denuncias de Bullrich se instala la idea de que los pobres y sus organizaciones son mafias que se aprovechan del Estado, y perjudican a otros pobres. En base a cinco testigos no se puede hablar de organización criminal. Se verá si aparece algo de mayor magnitud. Para sumar alarma se subió al revuelo el fiscal Guillermo Marijuán, quien tiene una causa contra beneficiarios de planes y asignaciones de ANSES. "Hay miles de llamadas", advirtió y las comparó con la causa de Pollicita.

 

En estos días de superacción se supo que el ministerio de Seguridad denunció también a sindicatos por llamados al 134 en relación a la movilización del 24 de enero convocada por la CGT. El encargado de estas presentaciones es el funcionario Fernando Soto, abogado del policía Luis Chocobar que mató por la espalda, y arquitecto de planes de reforma como la ampliación de la legítima defensa para agentes que maten o hieran y las que hacen no excarcelables delitos usados contra manifestantes (atentado y resistencia a la autoridad). Acusó a sindicatos de armar listas de marcar a quienes no adhieren a medidas de fuerza y marchas y amenazarlos con despidos, descuentos y otras cuestiones. La causa llegó al juez Ariel Lijo y al fiscal Ramiro González. Aún no avanzó.

El broche de oro fue la denuncia que hizo Pettovello y que le tocó también a Lijo. Mientras avanza una causa penal en su contra, promovida por el dirigente Juan Grabois, y un amparo del que también participa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambas por la suspensión de la entrega de alimento a comedores, la ministra denunció que la gestión anterior no los controló. Alegó que de un relevamiento realizado del 7 de febrero al 19 de abril sobre 2394 de ellos, 52,3% se pudo relevar y 47,7% no. Hay algo lógico en esos porcentajes: por la falta de comida cerraron comedores, o atienden con menos frecuencia, otros se mudaron.

 

El análisis se hizo sobre comedores "preinscriptos" en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios) solo de la provincia de Buenos Aires. La muestra es chica en relación con los más de 42.000 anotados. El registro se creó en julio de 2020 --gestión de Daniel Arroyo en Desarrollo Social-- como instrumento de información para el Estado para conocer los espacios que brindan o pueden brindar asistencia alimentaria. No informa qué comedor recibió esa asistencia. La preinscripción se hace online, el registro es abierto y cualquiera puede anotarse, hasta poner datos truchos. La aprobación es posterior.

La llegada de alimentos a las organizaciones se realiza por mecanismos que existían antes del RENACOM: algunos bajo la cobertura del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con convenios renovados en forma anual; un grupo de organizaciones tenía convenios semestrales con Desarrollo; y había un programa de "Asistencia Crítica", para proveer alimentos secos. Todos debían rendir cuentas. La información debe estar en expedientes que la auditoría de Pettovello no parece haber analizado. ¿Cómo deduce que hubo fraude a la administración pública? El fiscal González impulsó la investigación y apuntó a titulares de ciertas áreas.

 

"Este gobierno está decidido a ajustar en políticas alimentarias y de salud, y redestinar partidas. Con las denuncias que fueron presentando buscan ensayar una justificación. Con esto y los recortes apuestan a desmovilizar", analiza Diego Morales, director de Litigio del CELS. "Quieren desarmar lo colectivo, promueven el individualismo. Pettovello, ante la protesta por alimentos salió a la puerta y dijo 'los que tengan hambre vengan de a uno'", ilustró Morales. Hubo 30 cuadras de fila.

Algo conocido y discutido

"Sin desmerecer situaciones que ameritan investigar, las denuncias expresan al 0,3 por ciento del universo de un millón de beneficiarios de planes. No se puede generalizar como si se tratara de una estructura corrupta. Si se da una situación con alguien se lo separa de la organización. Es el gobierno el que aprieta: a los gobernadores, al INCAA, a las universidades. En nuestro caso usan la Justicia, crean una gestapo social para imponer su plan económico y desarticular las organizaciones", le dice a Página/12 Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. "Nosotros debatimos mucho estas prácticas", suma Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur). Cuenta que a los comedores de la organización registrados (249 en el conurbano y 833 en provincias) les cortaron todo el alimento. "Hacíamos rendición de todo", aclara. Explica que tienen más comedores informales que se nutren de donaciones. Entre todos alimentan 1780.000 personas. "El poder político" ataca "cuando ve que las organizaciones pueden conmover", dice.

 

"La militancia popular y las organizaciones debemos recuperar nuestro sentido trascendente de propósito, revisar prácticas, reinventar, depurarnos de las mañas que se fueron pegando como cizaña al trigo, pensar mejor las vinculaciones y autonomías entre las herramientas políticas, sociales y productivas del pueblo, erradicar prácticas que ellos usan en falsas generalizaciones, pero que existieron", dijo Grabois. "Espero que no seamos tan tontos para que cuando esta etapa de agresión pase aceptemos alternativas políticas que no prioricen la agenda de las 3T (tierra, techo y trabajo) y las banderas históricas", agregó. En su cuenta de "X" puso un video que Capital Humano subió a sus redes por el "Día del Reciclado" donde usó imágenes de las cooperativas de cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. "La hipocresía de esta gente no tiene límites hasta que entre todos se los pongamos", escribió.

 

"El que corta no cobra"

Desde la llegada del gobierno de Milei, tanto Bullrich como Pettovello se erigieron en garantes del plan de ajuste con la función de demonizar a los movimientos sociales. "Desarticularlos" es una palabra que usó la ministra de seguridad. Las organizaciones, y en parte los sindicatos, son los que pueden llevar las protestas a las calles y jaquear a un gobierno.

El primer anuncio fue el Protocolo de Orden Público de Bullrich, que convierte el corte de calles en un delito en flagrancia, que rastrea a los organizadores para darles un castigo especial y procura identificar a las/los participantes. Ahora quiere convertirlo en ley, con amplias facultades para que los agentes repriman y arresten. Desde las primeras marchas, se escuchaba por los altoparlantes de las estaciones trenes: el que protesta pierde su plan social. "El que corta no cobra", reforzó Pettovello. ¿Eso no es apriete? La advertencia se convirtió en resolución: la 84/2024 que dice que quien participa en entorpecer la circulación "será egresado del programa (Volver al Trabajo) en forma inmediata".

 

"Lo que apabulla no son solo allanamientos con objetivo persecutorio", dice la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la violencia policial e institucional. "Es el combo --añade-- que arman con políticas penales regresivas que vulneran derechos básicos, liberalizan la tenencia privada de armas de fuego, bajan la edad de punibilidad a 12 o 13 años, generalizan la prisión preventiva...".

¿Por qué será que todo esto prende en un sector de la sociedad? Algo que el gobierno exprime y celebra. Nadie quiere ser pobre y seguramente es más excitante verse en frases célebres de Milei como que "el que fuga es un héroe" (algo que no entra en el radar judicial) "porque escapó de las garras del Estado". El Estado cuya ausencia, en rigor, multiplica la pobreza y favorece a ricos y poderosos. 

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