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20 de noviembre de 2026
El Senado aprobó por unanimidad una nueva Ley de Discapacidad y convirtió en permanente el régimen de beneficios
La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y reemplaza el esquema de emergencia que vence en diciembre. Mantiene las pensiones no contributivas, la cobertura médica y las prestaciones, además de permitir compatibilizar la pensión con el trabajo formal bajo determinadas condiciones.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y establece un régimen permanente que mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La nueva normativa llega a un año del rechazo del Gobierno nacional a la legislación de emergencia que había sido aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. El nuevo marco busca garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema.
Qué establece la nueva ley
Entre los principales puntos, la norma mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, y establece su compatibilidad con el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También garantiza la continuidad de la cobertura médica a través del programa federal Incluir Salud para los titulares de las pensiones correspondientes.
En relación con las prestaciones, conserva el nomenclador único y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles vinculados con la movilidad jubilatoria y la evolución de los precios.
Otro de los aspectos centrales es el financiamiento. La ley establece que las partidas presupuestarias destinadas al área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior.
Auditorías y regularización de deudas
La legislación incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Los procedimientos deberán contemplar garantías de debido proceso para las personas beneficiarias.
Además, se incorporan disposiciones para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores de servicios de discapacidad, con un cronograma de cancelación y plazos establecidos para su cumplimiento.
El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la nueva normativa.
Un debate atravesado por los reclamos del sector
Durante el tratamiento, distintos senadores coincidieron en la necesidad de establecer un marco legal que garantice la continuidad de las prestaciones, aunque también expresaron diferencias respecto de la implementación y el financiamiento del sistema.
Desde la oposición, Alicia Kirchner sostuvo que la sanción representa un punto de partida, pero advirtió que no alcanza para reparar los derechos vulnerados.
Por su parte, Lucía Corpacci cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y señaló que la ley pudo avanzar por los reclamos y la movilización de las organizaciones de discapacidad.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la nueva legislación al considerar que permitirá dejar atrás las sucesivas prórrogas de la emergencia y establecer reglas de mayor previsibilidad para las familias y los prestadores.
Con 71 votos afirmativos, el Senado cerró el debate y convirtió en ley una iniciativa que busca dar continuidad al sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. El desafío estará ahora en su implementación efectiva y en garantizar los recursos necesarios para que los derechos reconocidos se traduzcan en respuestas concretas.