Una caravana en defensa de los trabajadores de IOSFA y en rechazo al cierre de la farmacia de Puerto Belgrano y los policonsultorios se realizará este jueves en Punta Alta. La concentración está prevista para las 12.30, frente a las instalaciones de la farmacia de la obra social, desde donde partirá el recorrido por distintos sectores de la ciudad.
Los organizadores convocaron a participar en autos, motos o bicicletas y solicitaron que los vehículos lleven, en lo posible, una bandera argentina.
El objetivo es visibilizar el conflicto, alertar a la comunidad sobre la situación de los 83 trabajadores afectados por los despidos y reclamar por la continuidad de las prestaciones farmacéuticas y médicas destinadas al personal militar, civil y sus familias.
¿Una medida a la medida del miedo?
Toda acción pacífica que acompañe un reclamo legítimo es bienvenida. La defensa de las fuentes laborales y de los servicios de salud no admite indiferencia. Sin embargo, frente a la gravedad del escenario que atraviesan los trabajadores de IOSFA, cabe preguntarse si una caravana es la herramienta más efectiva para conseguir respuestas.
El futuro que se presenta es preocupante. No se trata solamente de despidos, sino también de una reducción de servicios que afecta directamente a cientos de familias de Punta Alta y Puerto Belgrano.
En declaraciones públicas, el secretario general de ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, remarcó que «no hay que tener miedo». Una expresión que merece ser tomada en cuenta, especialmente cuando las circunstancias exigen organización, firmeza y decisiones concretas.
Pero entonces surgen otros interrogantes: si el propósito es que la comunidad conozca lo que está sucediendo, ¿qué respuesta se espera obtener con una caravana? ¿Quiénes deben dar explicaciones? ¿Dónde deben plantearse los reclamos para que tengan consecuencias concretas?
¿Por qué no concurrir al Concejo Deliberante y exigir que los representantes de la comunidad se involucren? ¿Por qué no promover un debate público, reclamar pronunciamientos institucionales y discutir medidas que permitan llevar el reclamo ante las autoridades responsables?
La pregunta no es si hay que marchar o no. Toda expresión de protesta tiene su valor. La cuestión es si, ante un conflicto de semejante magnitud, no hacen falta acciones más directas, con mayor participación institucional y capacidad de presión.
El reclamo necesita algo más que visibilidad
Da la impresión de que se busca evitar incomodar a quienes deberían responder por esta situación. Como si existiera temor a molestar, generar enojo o confrontar con quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales.
Pero cuando están en juego 83 puestos de trabajo y la continuidad de prestaciones sanitarias, la prioridad debería ser otra.
La caravana puede ser un primer paso, pero el reclamo no debería terminar cuando los vehículos regresen a sus casas. Los trabajadores necesitan respuestas, las familias necesitan certezas y la comunidad merece saber qué se está haciendo para defender sus derechos.
Porque visibilizar el conflicto es importante, pero conseguir respuestas concretas es imprescindible.
