La cámara también es una herramienta de control ciudadano
En una sociedad democrática, la actividad de los funcionarios públicos no puede quedar al margen de la mirada de la ciudadanía. Registrar, documentar y difundir sus actuaciones forma parte del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Intendentes, concejales, secretarios, legisladores y demás representantes del Estado ejercen responsabilidades públicas y administran recursos que pertenecen a la comunidad. Por esa razón, sus decisiones y actuaciones oficiales están sujetas al escrutinio ciudadano y periodístico.
Sin embargo, no siempre existe claridad sobre los alcances de este derecho. En distintas circunstancias, periodistas y ciudadanos pueden encontrarse frente a cuestionamientos, restricciones o intentos de impedir una filmación cuando registran actividades de funcionarios en espacios públicos o durante el ejercicio de sus responsabilidades.
La pregunta es concreta: ¿puede un funcionario impedir que lo filmen simplemente porque no quiere aparecer en una cámara?
Qué establece la legislación argentina
La Constitución Nacional reconoce, en sus artículos 14 y 32, garantías fundamentales vinculadas con la libertad de expresión y de prensa.
A su vez, el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, se requiere su consentimiento, pero contempla excepciones importantes: la participación en actos públicos y el ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general.
Esto significa que la difusión periodística de imágenes de funcionarios durante actividades oficiales puede estar amparada legalmente, sin necesidad de solicitar una autorización individual, siempre que se respeten las condiciones y los límites establecidos por la normativa.
Por otra parte, la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece principios de transparencia y publicidad de la actividad estatal, fortaleciendo el derecho de la ciudadanía a conocer cómo funcionan sus instituciones.
¿Puede un funcionario prohibir una filmación?
El hecho de ocupar un cargo público no habilita a un funcionario a decidir arbitrariamente qué puede registrar un periodista.
Tampoco alcanza con manifestar incomodidad, disgusto o desacuerdo con la presencia de una cámara para justificar una prohibición.
Esto no significa que cualquier persona pueda ingresar libremente a cualquier oficina o dependencia estatal, ni que la actividad periodística esté exenta de cumplir normas de seguridad, organización y protección de la intimidad.
Las restricciones deben contar con fundamentos legales y no convertirse en mecanismos para impedir el registro de hechos de interés público.
El derecho a informar también tiene límites
La libertad de prensa no significa desconocer los derechos de otras personas.
La protección de pacientes en hospitales, menores de edad, víctimas de delitos y ciudadanos que atraviesan situaciones privadas debe ser especialmente considerada.
También es necesario evitar interferir en procedimientos policiales, administrativos o judiciales.
La responsabilidad periodística exige verificar la información, contextualizar las imágenes y evitar exposiciones innecesarias.
Una cuestión que también alcanza a Punta Alta
En el ámbito local, el debate tiene plena vigencia. Las actividades municipales, las sesiones del Concejo Deliberante, los anuncios oficiales y las decisiones de los representantes públicos forman parte de la información que interesa a los vecinos de Coronel Rosales.
El acceso de periodistas y medios de comunicación a esos acontecimientos resulta fundamental para garantizar que la comunidad pueda conocer, preguntar y evaluar la gestión de sus representantes.
La transparencia institucional no debería depender de la voluntad de quien ocupa circunstancialmente un cargo.
La libertad de prensa no se pide como un favor
Filmar a un funcionario mientras cumple una actividad oficial de interés público no debe interpretarse como una provocación ni como una falta de respeto. Es una herramienta para documentar la actividad estatal y garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
Los funcionarios tienen derecho a su intimidad y a la protección de su imagen en los ámbitos que la ley contempla. Pero también deben comprender que el ejercicio de una función pública implica una responsabilidad frente a la ciudadanía.
Porque en democracia, las cámaras no están para incomodar al poder: están para registrar aquello que la sociedad tiene derecho a conocer.
Referencias de legislación y jurisprudencia
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