El Banco Central perdió US$ 1.023 millones en operaciones con el oro de las reservas

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central registró pérdidas por US$ 1.023 millones durante 2025 en operaciones financieras vinculadas al oro de las reservas. El presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad realizó operaciones basadas en la evolución del precio internacional del metal y que, tras equivocarse en sus cálculos, terminó perdiendo esa suma. Las operaciones se llevaron adelante durante la gestión de Santiago Bausili al frente del Banco Central.

Olmos advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en los estados contables del organismo auditados por la AGN. También señaló que no existían antecedentes de una utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo de estas características.

La auditoría también investiga el traslado de lingotes de oro al exterior. Según informó Olmos, el informe fue remitido al Banco Central para que presente su descargo. El objetivo es determinar los motivos del traslado, el destino de los lingotes y los eventuales beneficios obtenidos por la entidad. Por el momento, corresponde distinguir las pérdidas informadas por las operaciones financieras de las cuestiones que todavía están bajo investigación.

La Corte Suprema analiza un planteo contra la derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia fue convocada a un acuerdo extraordinario para analizar un planteo contra la derogación de restricciones a la extranjerización de tierras rurales, vinculada al DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei.

El reclamo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anekon y la legisladora Magdalena Odarda. Los demandantes solicitan una medida cautelar que permita restablecer los límites cuestionados y buscan aclarar si el fallo del 29 de septiembre relacionado con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) afecta su presentación, que se fundamenta en derechos ambientales.

La discusión se inscribe en una controversia más amplia sobre el alcance del decreto, la protección de los recursos naturales y la soberanía territorial.

Organizaciones reclaman la derogación del DNU y refuerzan la agenda por Malvinas

Representantes de la Mesa de Coincidencia Malvinas (MECOMA) reclamaron en la Cámara de Diputados la derogación del DNU 70/2023 en lo referido a la extranjerización de tierras. Además, presentaron una iniciativa para establecer el reclamo permanente de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El veterano de guerra Dante Ontiveros advirtió sobre las consecuencias de los cambios normativos introducidos por el decreto y sostuvo que existe una cuestión de soberanía que, a su entender, no está recibiendo la atención necesaria. También cuestionó el fallo de la Corte Suprema por considerar que contradice el espíritu de la legislación vinculada a la protección de los intereses nacionales.

En la misma línea, el CECIM presentó en Diputados un proyecto de Ley de Políticas Soberanas destinado a sancionar la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa propone anular las licencias otorgadas por el Reino Unido, decomisar bienes, establecer inhabilitaciones de hasta 20 años y aplicar penas de prisión de hasta 20 años a los responsables empresariales. El proyecto busca fortalecer las herramientas legales para defender los derechos argentinos sobre el territorio y sus recursos naturales.

El oficialismo busca avanzar con un proyecto sobre propiedad privada

En medio de la disputa política y judicial por el DNU 70/2023, La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria fue fijada para el miércoles 14 a las 16, un día antes de una sesión impulsada por sectores de la oposición y de una movilización frente al Congreso.

La iniciativa se ubica en el centro de una discusión política sobre los alcances de la propiedad privada, la seguridad jurídica y las modificaciones introducidas por el decreto presidencial. Su tratamiento parlamentario se desarrollará en un contexto de fuertes cuestionamientos opositores a distintas medidas del Gobierno.

La CGT denunció el deterioro industrial y la caída del consumo

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó hasta el edificio del ex Ministerio de Industria bajo la consigna: “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”.

La movilización concluyó con discursos de los integrantes del triunvirato de conducción sindical: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. Durante la jornada, la central obrera cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y alertó sobre el impacto en el sistema productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La CGT denunció un deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, una fuerte caída del consumo interno y señales de recesión. También mencionó la presión impositiva, el desplome de la inversión, las dificultades para acceder al financiamiento y los elevados costos de los servicios públicos.

“El industricidio avanza mientras el Gobierno prioriza los intereses de unos pocos y condena a las mayorías a una economía donde la plata no alcanza. No hay libertad sin justicia social”, expresó la central sindical.

El reclamo se suma a las críticas de distintos sectores empresariales y sindicales por la evolución de la actividad económica, el empleo y el poder adquisitivo.

Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA anunciaron la toma de la facultad

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires resolvieron en asamblea tomar la sede universitaria a partir del martes 13, en la antesala de la marcha universitaria convocada para el jueves 15.

Tatiana Fernández Martí, secretaria general del centro de estudiantes, anunció la realización de clases públicas y un corte de calle en la intersección de Puan y Rivadavia. Además, los estudiantes convocaron a extender las medidas de protesta a otros sectores del movimiento estudiantil.

La decisión se suma a las acciones de protesta impulsadas por la comunidad universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo de respuestas a la situación presupuestaria de las universidades nacionales.