El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley de Tierras Rurales.

“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, sostuvo Kicillof al referirse al fallo.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, entre ellos un tope del 15% sobre la superficie rural en manos extranjeras.

Qué resolvió la Corte

La Corte Suprema hizo lugar al planteo del Estado nacional y revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no contaba con legitimación suficiente para promover la acción judicial.

El tribunal también sostuvo que no estaba configurado un “caso o controversia” concreto que habilitara la intervención de la Justicia.

Un punto central del fallo es que la Corte no analizó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Es decir, el máximo tribunal no estableció en esta causa si el Poder Ejecutivo tenía o no facultades constitucionales para derogar la Ley de Tierras mediante el decreto.

Como consecuencia de la decisión, quedó sin efecto el fallo de la Cámara que había frenado la aplicación del artículo del DNU y volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737.

La reacción del gobernador

Kicillof vinculó la decisión judicial con el debate político sobre la propiedad de tierras rurales y la soberanía territorial. El mandatario bonaerense cuestionó además al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el tema había generado resistencia en el Congreso.

Sus declaraciones forman parte de la discusión política que se abrió tras el fallo de la Corte, mientras distintos sectores analizan las consecuencias de la decisión y la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas legislativas sobre el régimen de tierras rurales.

De esta manera, la resolución del máximo tribunal reabrió el debate sobre las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 no fue resuelta por la Corte en este expediente.