El Gobierno nacional ultima los detalles del Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso antes del martes 15 de septiembre, mientras crece la preocupación entre los bloques opositores por el alcance que podría tener un nuevo ajuste sobre las provincias y los municipios.

Hasta el momento, el oficialismo mantiene bajo reserva buena parte de los números del proyecto. En la bancada de La Libertad Avanza tampoco contaban con detalles precisos sobre la iniciativa, a la espera de la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá con los legisladores libertarios.

La inquietud de la oposición se concentra especialmente en las partidas consideradas sensibles, entre ellas las transferencias a las provincias, los municipios y los fondos destinados a obra pública.

Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias corrientes a provincias y municipios registraron durante los primeros ocho meses del año una caída del 86,6% en comparación con el mismo período de 2023.

El deterioro también alcanza a la inversión pública. Dentro de la categoría de bienes de uso, que incluye partidas vinculadas con obras e infraestructura, la reducción ronda el 83,6% respecto del último año de la gestión anterior.

El mismo informe sostiene que la reducción del gasto responde, entre otros factores, a la caída de la recaudación y señala que durante el período analizado se profundizó el proceso de ajuste de las cuentas públicas.

La oposición mira con desconfianza el nuevo proyecto

En el Congreso, distintos sectores opositores temen que el Gobierno presente un Presupuesto que contemple un fuerte ajuste en términos reales y que, por esa vía, reduzca aún más los recursos destinados a las administraciones provinciales y municipales.

Una de las principales dudas pasa por las estimaciones de recaudación que incluirá el proyecto. Desde sectores opositores deslizan que el Gobierno podría proyectar una recaudación elevada para amortiguar políticamente el impacto de los recortes en un año marcado por la actividad electoral.

El exlegislador y actual director de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, cuestionó además la importancia que el Gobierno le asigna al Presupuesto como herramienta de política económica.

Rodríguez sostuvo que durante 2024 y 2025 el Ejecutivo no habría tenido como prioridad contar con una ley de Presupuesto aprobada y consideró que el oficialismo buscaría conservar un amplio margen de discrecionalidad en la administración de los recursos.

La discusión promete trasladarse rápidamente al Congreso. Allí, el oficialismo deberá defender las proyecciones económicas y conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con una iniciativa que podría convertirse en uno de los principales debates políticos del segundo semestre.

Mientras tanto, las provincias siguen con atención los números que finalmente presente el Gobierno. El interrogante central es cuánto más recaerá el peso del ajuste sobre las economías provinciales y municipales durante 2027.