Argentina puso en marcha este sábado el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza al sistema vigente desde 1980 e introduce cambios de fondo en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.

La Ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, comenzó a aplicarse luego de cumplirse los 180 días establecidos para su entrada en vigencia.

Desde qué edad se aplica

Uno de los principales cambios está relacionado con la edad. El nuevo régimen alcanza a los adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, siempre que estén imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Para determinar si una persona queda comprendida dentro del régimen, se tendrá en cuenta la edad que tenía al momento de cometer el hecho investigado.

Sin embargo, estar alcanzado por la ley no implica necesariamente una condena de prisión. El sistema contempla distintas sanciones que deberán graduarse de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias particulares de cada adolescente.

Entre las medidas previstas figuran la amonestación, las restricciones de acercamiento o comunicación con la víctima, la prohibición de concurrir a determinados lugares o de salir de una zona, los servicios comunitarios, la reparación del daño y distintas reglas de conducta.

También podrán establecerse actividades educativas, deportivas, recreativas, culturales o vinculadas con la formación laboral.

Para los delitos cuya pena prevista no supere los tres años, la normativa establece que la privación de la libertad deberá ser reemplazada por alguna de estas alternativas cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

En determinados casos de delitos con penas superiores a tres y de hasta diez años, los jueces también podrán evitar el encierro, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, los antecedentes y otras circunstancias particulares.

Cuál es el límite de las penas

La nueva ley establece límites específicos para las condenas.

Los adolescentes no podrán recibir prisión o reclusión perpetua, mientras que la pena privativa de la libertad tendrá un máximo de 15 años, incluso cuando la escala penal pudiera ser superior debido a la existencia de varios delitos.

Además, una vez cumplidos dos tercios de la condena, el tribunal podrá disponer que el tiempo restante sea cumplido mediante otras sanciones.

Para acceder a esa posibilidad deberán existir un informe pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la opinión de la víctima.

Dónde serán alojados los adolescentes privados de libertad

Cuando sea necesaria una privación de la libertad, el régimen contempla tres modalidades:

• Arresto domiciliario.
• Institutos abiertos.
• Institutos especializados de detención.

Los adolescentes deberán permanecer separados de los adultos y ser alojados en establecimientos preparados específicamente para ellos, con personal capacitado.

Durante el cumplimiento de la medida deberán garantizarse actividades educativas y de formación orientadas a favorecer su reinserción social.

El monitoreo electrónico también podrá utilizarse, tanto de manera independiente como complementaria de otras medidas.

Más derechos para las víctimas

La reforma incorpora además nuevas herramientas de protección para las víctimas de delitos.

Quienes hayan sufrido un hecho tendrán derecho a recibir información sobre el avance de la investigación, ser escuchados en las instancias previstas por la ley y acceder a asistencia especializada.

Cuando corresponda, también podrán contar con patrocinio jurídico gratuito.

La normativa contempla, además, la posibilidad de recurrir a mecanismos de mediación, siempre dentro de los límites establecidos para cada situación.

Responsabilidad de los padres y protección de la identidad

El nuevo régimen también establece consecuencias para el entorno familiar. Los padres de los adolescentes sometidos a un proceso penal podrán ser civilmente responsables por los daños ocasionados por los hechos atribuidos a sus hijos, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial.

Al mismo tiempo, la ley mantiene una protección estricta sobre la identidad de los menores involucrados en procesos penales.

No podrán difundirse sus nombres, apodos, fotografías, domicilio, parentescos ni ningún otro dato que permita identificarlos, salvo las excepciones expresamente contempladas por la normativa.

En síntesis, el nuevo Régimen Penal Juvenil modifica el sistema vigente desde 1980 y establece un esquema que combina sanciones, medidas educativas, alternativas al encierro y mecanismos de protección para las víctimas, con límites específicos para las penas de prisión.

Con información de A24.