El almirante retirado Jorge Enrico difundió un documento titulado “La Decadencia de la Armada Argentina”, en el que cuestiona el actual proceso de reorganización y financiamiento de la fuerza y advierte sobre una progresiva pérdida de capacidades operativas.

El informe sostiene que algunas de las últimas decisiones adoptadas sobre la Aviación Naval implican una degradación de las capacidades de combate, vigilancia y guerra antisubmarina. Entre los principales cuestionamientos menciona el pase a reserva de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, la baja de los Super Étendard y la reducción de la Base Aeronaval Punta Indio.

Enrico también pone en duda que los cuatro Patrulleros Oceánicos de la clase Bouchard sean suficientes para controlar la extensa Zona Económica Exclusiva argentina y advierte sobre sus limitaciones de velocidad y poder de fuego.

Otro de los puntos señalados es la situación de los P-3C Orion adquiridos a Noruega. Si bien reconoce su capacidad para tareas de exploración y vigilancia, sostiene que la ausencia de elementos como sonoboyas, torpedos y misiles antibuque limita considerablemente sus posibilidades de empleo en operaciones de guerra antisubmarina y antisuperficie.

El documento dedica además un capítulo al problema del personal especializado. Enrico advierte que la falta de horas de vuelo y los bajos salarios están provocando el retiro de profesionales con años de formación, además de su migración hacia el sector privado.

Uno de los puntos más contundentes del informe está relacionado con la Base Aeronaval Punta Indio, a la que considera un centro histórico para la formación de aviadores navales. Según el exjefe naval, la pérdida de unidades y de entrenamiento también implica una pérdida de doctrina y experiencia difícil de recuperar.

Tras la difusión del documento, el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, habría convocado a Enrico para expresarle el malestar de la conducción naval y del Ministerio de Defensa, mientras que no se descarta una eventual sanción.

En su conclusión, el almirante retirado sostiene que la conducción de la Armada no debería limitarse a administrar las restricciones presupuestarias y reclama que el poder político asuma públicamente las consecuencias de las decisiones adoptadas en materia de defensa.