Este jueves 20 de agosto, desde las 14, organizaciones sociales y sindicales marcharán al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, para reclamar una respuesta ante el crecimiento del endeudamiento y la morosidad que afecta a millones de familias argentinas.

La denominada Marcha de los Endeudados se realizará en un contexto de fuerte incremento de los atrasos en préstamos, tarjetas de crédito y otros mecanismos de financiamiento utilizados, en muchos casos, para afrontar gastos básicos. Las organizaciones cuestionan la decisión del Gobierno de Javier Milei de no intervenir frente a esta situación.

La convocatoria reúne a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Los manifestantes se concentrarán en Paseo Colón y Estados Unidos y en la zona de las avenidas Independencia y Paseo Colón, desde donde avanzarán hacia el Palacio de Hacienda.

“Ya es necesario instalar la demanda en las calles”, sostuvo Oriana Fernández, integrante de Endeudados Organizados. La dirigente advirtió que el problema se agravó durante los últimos años por el nivel de las tasas de interés.

“Deudas ha habido siempre, pero ahora está la tasa de interés desregulada. Hoy hay tasas de hasta 1.300 por ciento. Personas nos cuentan que sus deudas se han duplicado o más cuando no pudieron pagar”, explicó.

Desde la UTEP señalaron que la falta de crédito accesible está empujando especialmente a los sectores de menores ingresos hacia mecanismos de financiamiento cada vez más costosos.

“La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a los usureros para cubrir necesidades básicas como la alimentación”, sostuvo la organización en la convocatoria.

La protesta se produce mientras los indicadores de morosidad muestran un marcado deterioro. Según datos difundidos por el Banco Central (BCRA), el incumplimiento en los préstamos de los hogares alcanzó el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. Además, alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un incremento del 132% desde febrero de 2024.

“Cuando le preguntás a una persona qué debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingresos”, explicó Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La discusión adquirió mayor dimensión política luego de que el presidente Javier Milei rechazara cualquier posibilidad de asistencia estatal. Durante una entrevista televisiva a comienzos de agosto, afirmó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

Un día después, el Presidente volvió sobre el tema y sostuvo que se trata de una “transacción entre privados” que debe resolverse entre las partes. El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó esa postura al considerar que el endeudamiento constituye “un tema entre privados”. Desde el Gobierno también descartaron la implementación de mecanismos extraordinarios de asistencia para quienes se encuentran en mora.

La oposición respondió tanto desde las provincias como desde el Congreso. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vinculó el crecimiento del endeudamiento con el deterioro de los ingresos.

“La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, sostuvo al presentar un informe provincial que mostró que la mora bancaria de las familias se multiplicó durante los últimos dos años.

En el Congreso existen cerca de 30 iniciativas vinculadas con esta problemática. Entre ellas se encuentra un proyecto presentado por los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante créditos de ANSES.

La iniciativa contempla préstamos de hasta 1,5 millones de pesos y establece que las cuotas no puedan superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otros proyectos proponen quitas de al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios, refinanciaciones de hasta 60 meses y tasas preferenciales. También se analiza la creación de un registro específico para identificar a personas y hogares que hayan contraído deudas vinculadas con alimentación, vivienda, salud, educación y servicios públicos.

La movilización buscará trasladar la discusión desde los informes de morosidad y los proyectos parlamentarios hacia la calle. Para las organizaciones convocantes, el aumento simultáneo de las deudas, los atrasos y el costo financiero dejó de ser una suma de problemas individuales para convertirse en una cuestión social.

Mientras el Gobierno sostiene que cada deudor debe resolver su situación con sus acreedores, las centrales sindicales y los movimientos sociales buscan instalar el reclamo por una respuesta estatal frente al creciente endeudamiento de las familias.