La negociación entre el Gobierno nacional y los gobernadores del Norte puso nuevamente a Bahía Blanca en el centro de una discusión que puede impactar directamente en el bolsillo de miles de familias.

Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, acordaron con gobernadores de distintas provincias avanzar en un esquema diferencial de subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas. El argumento oficial es atender el mayor consumo de electricidad durante los meses de verano.

Pero detrás del acuerdo aparece una negociación política de mayor alcance: el Gobierno necesita los votos de los gobernadores en el Senado para avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría.

El proyecto mantiene el beneficio para las zonas consideradas históricamente frías, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero pone límites a las localidades que fueron incorporadas posteriormente al régimen.

Entre ellas está Bahía Blanca, que accedió al beneficio en 2021. Si la reforma es aprobada, el descuento dejaría de aplicarse automáticamente a todos los usuarios residenciales y quedaría restringido a los hogares que cumplan con los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La situación genera un contraste difícil de ignorar: mientras el Gobierno negocia nuevos subsidios para las provincias del Norte por el impacto de las altas temperaturas, Bahía Blanca podría quedar con un beneficio energético más limitado.

La discusión no es solamente técnica. También plantea una pregunta política: ¿por qué una ciudad que fue incorporada al régimen de Zona Fría por sus características climáticas debería perder un beneficio que ya forma parte de la economía familiar de sus habitantes?

El Gobierno presenta el acuerdo con los gobernadores como una muestra de diálogo y federalismo. Sin embargo, la letra chica de la negociación puede terminar determinando quién recibe más ayuda y quién debe afrontar una mayor carga sobre la tarifa eléctrica.

Con el proyecto a las puertas del Senado, Bahía Blanca vuelve a quedar atrapada en una disputa nacional donde los subsidios energéticos también funcionan como moneda de negociación política. Y, como suele ocurrir, la discusión parlamentaria terminará teniendo una consecuencia concreta: cuánto pagarán los vecinos cuando llegue la factura de luz.

La Nacion/La Brujula/Mirada24