Clínicas y sanatorios de cuatro provincias de la Patagonia anunciaron que, a partir del 24 de agosto, suspenderán completamente la atención a los afiliados de PAMI, en una medida que los prestadores califican como inédita.

“Esto no pasó nunca, ni en 2001”, afirmó a La Política Online el propietario de un sanatorio, al describir la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de atención para jubilados y pensionados.

Según los prestadores, las instituciones involucradas atienden a casi 300.000 afiliados de PAMI, mientras que el organismo representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones.

La crisis comenzó a profundizarse en junio, cuando distintas clínicas empezaron a aplicar restricciones en la atención de las guardias, la recepción de derivaciones y la programación de determinadas cirugías. Ahora, ante la falta de respuestas, resolvieron avanzar con la suspensión total de las prestaciones.

Uno de los principales reclamos está relacionado con los valores que paga PAMI. De acuerdo con los prestadores, mientras la inflación acumulada durante 2026 alcanza el 19,3%, el organismo acordó un incremento del 6%, que se haría efectivo en octubre.

A esto se suma un supuesto incremento adicional del 1,9%, que habría sido gestionado por el ministro de Salud, Mario Lugones, pero que, según los prestadores, todavía no se concretó.

La situación resulta especialmente crítica en determinadas especialidades. “Hay procedimientos donde se pierde dinero, como los de urología. Solo el material descartable cuesta más caro que lo que paga PAMI”, explicó el dueño de un sanatorio.

A ese costo deben sumarse los honorarios profesionales, el personal de enfermería, el uso del quirófano, medicamentos e insumos, además de los gastos de alimentación y alojamiento de los pacientes internados.

Los prestadores también advierten sobre una creciente falta de profesionales dispuestos a atender por PAMI. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias”, señalaron.

La suspensión anunciada para el 24 de agosto podría profundizar aún más las dificultades que enfrentan los jubilados para acceder a consultas, estudios, cirugías y tratamientos, en medio de una fuerte discusión entre las clínicas, el PAMI y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema de salud.