En declaraciones al diario El Diario de La Pampa, Ravier sostuvo que no podía precisar qué porcentaje de la recaudación se destina actualmente a las rutas, aunque admitió que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía como herramienta para alcanzar el equilibrio fiscal.

La declaración abre un nuevo frente de conflicto para el ministro de Economía, Luis Caputo, debido a que el impuesto a los combustibles tiene una afectación específica destinada al Sistema Vial Integrado. Esos recursos deberían utilizarse para obras y mantenimiento de las rutas nacionales.

El reconocimiento se produce además en medio de cuestionamientos por la baja ejecución de los fondos destinados a infraestructura vial. Según información difundida recientemente, el fideicomiso habría acumulado más de $1,5 billón desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que una parte significativa permanecía colocada en instrumentos financieros.

La situación ya derivó en una denuncia penal presentada por la diputada nacional Verónica Tolosa Paz, quien acusó a funcionarios nacionales de presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La presentación alcanza a Caputo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, autoridades de Vialidad Nacional y representantes del Banco Nación que hubieran intervenido en la administración del fideicomiso.

Ahora, las declaraciones de Ravier podrían incorporarse al expediente judicial como un elemento adicional para determinar si existió un uso de los recursos diferente al establecido por la normativa.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión el estado de las rutas nacionales y el destino de los fondos que los automovilistas pagan cada vez que cargan combustible.

Mientras el Gobierno defiende el ajuste y el equilibrio fiscal como prioridades de su política económica, la discusión pasa por determinar hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo sobre recursos que tienen un destino específico establecido por ley.
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