El gobierno de Javier Milei volvió a chocar con la realidad del Congreso. La falta de respaldo político obligó este miércoles a la Casa Rosada a retirar el capítulo sobre extranjerización de tierras incluido en la ley de propiedad privada, en lo que representa una de las derrotas legislativas más importantes para el oficialismo en los últimos meses.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, naufragó incluso antes de llegar al recinto. El rechazo de senadores de bloques aliados, sumado a la negativa de varios gobernadores de acompañar la propuesta, dejó al Gobierno sin los votos necesarios para garantizar el quórum y la aprobación del proyecto.

La situación se volvió irreversible cuando el oficialismo confirmó que la senadora salteña Flavia Royón no acompañaría la iniciativa y que el mendocino Rodolfo Suárez analizaba ausentarse de la sesión, reduciendo aún más las posibilidades de éxito.

Lejos de tratarse de una concesión política, la marcha atrás fue una decisión forzada por la falta de apoyo. Desde la oposición y sectores dialoguistas coincidieron en que el Gobierno retiró el capítulo porque simplemente no tenía los números para sostenerlo.

El episodio también dejó al descubierto las tensiones dentro del propio oficialismo. Mientras algunos funcionarios proponían eliminar el polémico apartado para evitar una derrota, Patricia Bullrich insistió en defender la iniciativa y buscó recuperar respaldos mediante declaraciones públicas. Sin embargo, la estrategia fracasó y el Gobierno terminó cediendo frente a la presión política.

La resistencia fue transversal. Gobernadores como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua manifestaron su rechazo al proyecto, evidenciando que el Ejecutivo tampoco logró alinear a buena parte de los mandatarios que habitualmente colaboran con la gestión libertaria.

La retirada del capítulo sobre tierras representa un nuevo golpe para la estrategia legislativa de Javier Milei. Más allá del discurso de confrontación permanente, el oficialismo volvió a demostrar que sin acuerdos políticos resulta imposible avanzar con reformas de alto impacto en el Congreso.

El revés deja además una señal clara: incluso sectores que han acompañado al Gobierno establecieron límites cuando consideraron que la iniciativa comprometía intereses estratégicos vinculados a la soberanía sobre la tierra. La realidad parlamentaria terminó imponiéndose sobre el relato oficial y obligó a la Casa Rosada a retroceder para evitar una derrota aún mayor.