La investigación por el denominado caso del fentanilo contaminado dio este martes un giro de alto impacto judicial y político. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de la causa que investiga la muerte de al menos 114 personas por la utilización de ampollas de fentanilo contaminadas.

Las detenidas son Nélida Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Fumadó, quien se desempeñaba como directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo encargado de fiscalizar y controlar a los laboratorios farmacéuticos del país. Ambas respondían al Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.

La decisión judicial reavivó un expediente que el Gobierno había logrado sacar del centro de la agenda pública, pero que ahora vuelve a generar fuertes cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades sanitarias y el funcionamiento de los organismos de control.

La Justicia investiga posibles responsabilidades

La investigación busca determinar cómo miles de ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo llegaron a hospitales, clínicas y sanatorios de todo el país pese a presentar contaminación bacteriana y graves irregularidades en su proceso de fabricación.

Entre los establecimientos afectados se encuentra el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron las primeras muertes vinculadas al medicamento. También hubo casos fatales en Rosario y otros centros de salud.

Según la causa, las ex funcionarias tenían la responsabilidad de impedir que esos medicamentos fueran comercializados. Ahora deberán responder ante la Justicia por las presuntas fallas en los controles que permitieron la circulación del producto.

Sospechas sobre el Ministerio de Salud

Además de las responsabilidades administrativas, la investigación también analiza si existió un esquema de connivencia o corrupción que permitió al laboratorio HLB Pharma continuar operando a pesar de reiteradas observaciones sobre sus condiciones sanitarias.

En ese contexto, el juez Kreplak ordenó un requerimiento de documentación al Ministerio de Salud para conocer los movimientos de personal registrados entre 2024 y 2025, medida que busca reconstruir las responsabilidades políticas y administrativas durante la gestión de Mario Lugones.

La posibilidad de que el ministro quede comprometido judicialmente genera creciente preocupación dentro del Gobierno, ya que la ANMAT depende directamente de la cartera sanitaria y es el organismo responsable de fiscalizar la producción y comercialización de medicamentos en la Argentina.

Renuncias y detenciones

Gabriela Fumadó dejó su cargo en agosto de 2025, cuando la investigación penal comenzaba a avanzar. Desde 2022 encabezaba el INAME, organismo con competencia directa sobre la inspección de los laboratorios farmacéuticos.

Por su parte, Nélida Bisio presentó su renuncia en enero de 2026, ocho meses después de que la propia ANMAT emitiera una alerta por un "desvío de calidad" detectado en un lote de fentanilo producido por HLB Pharma. En aquel momento, el Ministerio de Salud informó oficialmente que la dimisión respondía a "motivos personales".

Bisio fue detenida en la localidad bonaerense de Olivos, mientras que Fumadó se presentó de manera voluntaria junto a su abogado ante las autoridades.

El antecedente que compromete al Gobierno

En julio de 2025, cuando la cantidad de víctimas rondaba las cincuenta, el Ministerio de Salud intentó constituirse como querellante en la causa. Sin embargo, el juez Kreplak rechazó ese pedido al considerar que la cartera sanitaria podía encontrarse en una situación de conflicto de intereses, dado que la investigación también alcanzaba el desempeño de organismos bajo su dependencia.

Desde entonces, la cantidad de fallecidos prácticamente se duplicó y el expediente fue sumando pruebas periciales, informes del Instituto ANLIS-Malbrán y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que establecieron la relación entre las muertes y las bacterias multirresistentes halladas en las ampollas de fentanilo.

Un caso que aún plantea numerosos interrogantes

La causa judicial continúa avanzando sobre la actuación de los organismos encargados de controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el país. Los investigadores intentan determinar si las irregularidades fueron consecuencia de negligencia, incumplimiento de deberes o de una eventual red de corrupción que habría permitido la circulación de un producto contaminado con consecuencias fatales para más de un centenar de pacientes.

Con las detenciones de las ex máximas responsables técnicas de la ANMAT, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa que podría alcanzar a otros funcionarios y profundizar uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años en la Argentina.