El Gobierno nacional terminó retrocediendo en el conflicto que mantenía paralizados los principales puertos del país. Luego de tres días de paro, cerca de 180 buques demorados y pérdidas económicas que rondan los 300 millones de dólares, la Casa Rosada suspendió el decreto de desregulación del practicaje y aceptó la mayor parte de las exigencias planteadas por el sector para levantar la medida de fuerza.

La resolución también dejó un fuerte impacto político dentro del oficialismo. Según publicó La Política Online, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió apartar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de las negociaciones. De acuerdo con fuentes vinculadas a la actividad portuaria, fue la propia funcionaria quien le comunicó que no participaría de la mesa de diálogo que continuará en las próximas semanas.

El encargado de encauzar las conversaciones fue el diputado nacional Diego Santilli, quien logró alcanzar un acuerdo con los prácticos luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación del decreto cuestionado. A partir de ahora, las negociaciones continuarán sin la participación de Sturzenegger, una señal interpretada como un claro revés político para el ministro.

El Gobierno aceptó los principales reclamos

El acuerdo no solo implica la suspensión del decreto de desregulación. También mantiene bajo la órbita de la Armada Argentina la formación y capacitación de los prácticos, uno de los puntos considerados irrenunciables por el sector. El resto de las modificaciones previstas quedó sujeto a futuras negociaciones.

Como contraparte, los prácticos aceptaron formalizar una reducción del 20% en las tarifas. Sin embargo, desde el propio sector reconocen que ese descuento ya se aplicaba de manera habitual mediante bonificaciones comerciales y que ahora simplemente pasará a reflejarse en la tarifa oficial.

Otro dato político significativo fue el ámbito elegido para la firma del acuerdo. El acta no se rubricó en el Ministerio de Desregulación ni en el área de Transporte, sino en el Ministerio de Seguridad, donde tres funcionarios de esa cartera representaron al Gobierno. Del lado privado firmaron tres representantes de los prácticos, evidenciando que el conflicto pasó de presentarse como una discusión sobre desregulación económica a ser administrado como un problema operativo y de seguridad portuaria.

Un conflicto con alto costo económico

La paralización de la actividad dejó unos 180 buques aguardando autorización para operar en distintos puertos del país. Las demoras provocaron importantes sobrecostos por sobreestadías, incumplimientos contractuales y retrasos logísticos, con pérdidas estimadas en alrededor de 300 millones de dólares.

Aunque el paro fue levantado, la normalización de la actividad no será inmediata. El importante congestionamiento de embarcaciones hará que la operatoria portuaria demore varios días en recuperar su ritmo habitual.

Otro revés para Sturzenegger

El desenlace del conflicto representa una nueva derrota política para Federico Sturzenegger, quien en los últimos meses ya había sufrido otro retroceso cuando el Gobierno decidió frenar la apertura del mercado de la vacuna contra la aftosa, luego de la resistencia manifestada por distintos actores del sector ganadero y de la industria farmacéutica.

En esta oportunidad, la Casa Rosada volvió a optar por moderar la estrategia impulsada por el ministro de Desregulación frente a un conflicto que amenazaba con profundizar el impacto económico sobre las exportaciones y la logística nacional, dejando en evidencia las tensiones internas dentro del propio Gobierno.

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