La decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de modificar por decreto el régimen de practicaje provocó una inmediata reacción del sector marítimo. Los prácticos suspendieron sus tareas y dejaron prácticamente inmovilizados los principales puertos del país, afectando embarques de granos y el ingreso de equipos destinados a Vaca Muerta.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir costos logísticos y hacer más competitivas las exportaciones argentinas. Sin embargo, esa explicación es cuestionada tanto por especialistas como por referentes de la actividad naval, quienes afirman que el costo del practicaje representa una porción mínima del flete internacional y que es afrontado por las navieras, no por los productores.

Más aún, denuncian que la medida flexibiliza controles sobre buques extranjeros y reduce la presencia del Estado en una actividad vinculada directamente con la seguridad de la navegación y la protección de la soberanía en las vías fluviales.

El perito naval Fernando Morales fue contundente al señalar que el decreto "no desregula la economía, sino la seguridad náutica". Según explicó, la norma amplía la posibilidad de que embarcaciones de mayor porte naveguen sin la asistencia obligatoria de un práctico argentino y habilita que determinados capitanes extranjeros puedan reemplazar esa función mediante una simple declaración jurada sobre su experiencia previa.

Para los críticos de la medida, la desregulación beneficia principalmente a grandes compañías navieras y exportadoras internacionales, mientras elimina controles que históricamente fueron considerados una garantía de seguridad para la navegación en ríos y puertos argentinos.

Un conflicto que golpea la economía

La medida de fuerza ya genera consecuencias concretas. Permanecen demorados buques cerealeros y embarcaciones con equipamiento para el desarrollo de Vaca Muerta, dos sectores fundamentales para el ingreso de divisas.

Paradójicamente, el intento oficial de acelerar el comercio exterior terminó provocando un efecto contrario: la paralización de buena parte del sistema portuario.

La respuesta oficial

Frente al conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a los prácticos a retomar inmediatamente el servicio, recordando que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Además, advirtió que promoverá denuncias penales y sumarios administrativos contra quienes continúen con la medida de fuerza, al considerar que la interrupción del servicio podría encuadrarse en delitos previstos por el Código Penal relacionados con la seguridad de la navegación.

Un debate que trasciende el costo del practicaje

El conflicto ya dejó de ser una discusión salarial o corporativa. En el centro del debate aparece una pregunta de fondo: si la búsqueda de reducir costos justifica disminuir controles estatales sobre una actividad estratégica.

Mientras el Gobierno insiste en que la desregulación hará más eficiente el comercio exterior, los detractores sostienen que el ahorro prometido es marginal y que el verdadero costo podría medirse en pérdida de control, mayor riesgo operativo y un beneficio concentrado en grandes actores del comercio marítimo internacional.