El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de corretaje inmobiliario, en el marco de su política de desregulación económica. La iniciativa busca flexibilizar el acceso a la actividad, fomentar la competencia y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías al mercado.

Aunque el texto definitivo aún no fue presentado, la propuesta prevé revisar el actual esquema de matriculación obligatoria administrado por los colegios profesionales provinciales, uno de los puntos que genera mayor controversia dentro del sector.

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que el modelo vigente limita la competencia y dificulta la innovación. Entre ellos se encuentra Jorge Amoreo Casotti, fundador de la plataforma PINT, quien afirma que el sistema actual responde a una estructura que ya no se adapta a las necesidades del mercado inmobiliario moderno.

Según esta visión, una mayor apertura permitiría el ingreso de nuevos actores, impulsaría modelos de negocio más competitivos y aceleraría la adopción de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, los recorridos virtuales y los gemelos digitales para la comercialización de inmuebles.

Entre los principales cambios que analiza el Gobierno se encuentran la flexibilización de los requisitos para ejercer el corretaje inmobiliario, la eliminación de barreras de acceso impuestas por cada jurisdicción, una mayor competencia entre distintos modelos de intermediación y la libre determinación de los honorarios profesionales.

No obstante, los propios impulsores de la reforma reconocen que no existe garantía de que las comisiones disminuyan de manera inmediata. El valor de los servicios, sostienen, dependerá de la competencia y de las condiciones del mercado.

Otro de los ejes del debate es el costo total de las operaciones inmobiliarias. Diversos especialistas señalan que las comisiones representan solo una parte del gasto, mientras que impuestos, tasas, sellos, gastos registrales y otros conceptos tienen una incidencia mucho mayor en el precio final de una compra, venta o alquiler.

Desde esta perspectiva, una eventual reducción de la carga tributaria tendría un impacto más significativo para los consumidores que una modificación en el sistema de matriculación.

La propuesta también generó un fuerte rechazo por parte de las entidades que representan a los corredores inmobiliarios. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) defendieron la matrícula obligatoria al considerar que constituye una garantía de capacitación, control ético y protección para quienes participan en operaciones de compraventa y alquiler.

Las autoridades de estas entidades sostienen, además, que la regulación del ejercicio profesional es una competencia de las provincias y cuestionan que una ley nacional pueda modificar ese esquema.

Mientras el Gobierno argumenta que la reforma permitirá ampliar la competencia, reducir barreras de ingreso y favorecer la innovación, los colegios profesionales aseguran que la desregulación no garantiza una baja en los costos para los consumidores y que el verdadero problema continúa siendo la elevada carga tributaria que soporta el sector.

Aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, la iniciativa ya abrió uno de los debates más relevantes de los últimos años dentro del mercado inmobiliario. Su tratamiento legislativo y el contenido definitivo de la propuesta serán determinantes para conocer el alcance real de los cambios que impulsa el Ejecutivo.