El Gobierno nacional puso como una de sus principales prioridades legislativas la modificación del régimen de Zona Fría, una iniciativa que contempla la eliminación del beneficio en las tarifas de gas para Bahía Blanca,Cnel Rosales y gran parte de la región.

Si bien el oficialismo busca acelerar su tratamiento en el Senado, el proyecto todavía no cuenta con dictamen y difícilmente pueda llegar al recinto antes de que finalice el receso invernal, previsto para las últimas semanas de julio.

La importancia que la Casa Rosada le asigna a la iniciativa quedó reflejada en la primera reunión que mantuvieron representantes de bloques dialoguistas de la Cámara alta con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo acompañado por funcionarios del área energética. Durante el encuentro, el Ejecutivo planteó la necesidad de destrabar el proyecto antes de comenzar la definición de las principales variables del Presupuesto nacional 2027.

No obstante, desde el propio oficialismo reconocen que el avance no será inmediato. Tras la última reunión de Labor Parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich afirmó que la iniciativa "sigue fría", en alusión a la falta de consensos para habilitar su tratamiento en el recinto.

Pese a ello, las negociaciones continúan y, según trascendió desde distintos despachos del Senado, existe confianza en que el proyecto finalmente será aprobado, aunque no se descartan modificaciones destinadas a reducir el impacto del recorte. El principal debate girará en torno a qué usuarios mantendrán el beneficio y cuáles dejarán de recibir las bonificaciones sobre la tarifa del gas.

La reforma de la Zona Fría forma parte de una extensa agenda legislativa que el Gobierno intenta ordenar en los próximos meses. Entre las iniciativas pendientes también figuran proyectos vinculados a propiedad privada, salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, sociedades, ludopatía y una eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con solo cuatro meses de sesiones ordinarias por delante, el oficialismo enfrenta el desafío de alcanzar acuerdos para avanzar con sus principales proyectos o, en caso contrario, evaluar una prórroga del período legislativo o la convocatoria a sesiones extraordinarias antes de fin de año.

Con información de Infobae.