El gobierno de Javier Milei modificó el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema mediante un decreto que elimina buena parte de los controles de la sociedad civil sobre el proceso.

La medida, impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, contempla la derogación de artículos que garantizaban la participación de organizaciones, colegios profesionales, el ámbito académico y la prensa. Además, se suprime la obligación de publicar los antecedentes en diarios de circulación nacional y se establecen plazos más breves para completar el trámite.

Según el nuevo esquema, el proceso se agiliza a costa de reducir los mecanismos de control ciudadano e institucional, concentrando mayor poder en el Poder Ejecutivo para avanzar en la designación de magistrados del máximo tribunal con menor nivel de escrutinio público.

La decisión se produce en un contexto político marcado por el impacto del caso que involucra a Manuel Adorni y en medio de cuestionamientos al oficialismo.

En paralelo, trascendió una reunión entre Milei y el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, en la que habrían analizado la posibilidad de avanzar con la designación de dos nuevos integrantes para completar el tribunal.

El encuentro tuvo lugar en la Quinta de Olivos y, según versiones, no contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni del propio Mahiques. De acuerdo a esas versiones, el Presidente mantiene un canal de diálogo directo con Lorenzetti.

En ese marco, Lorenzetti habría impulsado la necesidad de acelerar la cobertura de las vacantes en la Corte. La eventual incorporación de nuevos jueces podría modificar el equilibrio interno del tribunal y consolidar una nueva mayoría.

Hasta ahora, Mahiques había señalado que esos nombramientos quedarían para un eventual segundo mandato, en línea con una postura cercana al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Sin embargo, el escenario habría cambiado tras las conversaciones recientes.

Otro aspecto que genera interrogantes es que los nombres que trascendieron como posibles candidatos —el camarista Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli— tendrían cercanía con Lorenzetti, aunque no necesariamente con el Presidente.

La designación de nuevos jueces requerirá, de todos modos, el aval del Senado, donde la oposición tiene un rol clave para aprobar o bloquear los pliegos.