Puede parecer ciencia ficción o, peor aún, una película de terror. Pero, lamentablemente, no lo es. Observar un caso puntual del deterioro de los ingresos de los docentes y no docentes exhibe lo desesperante de la emergencia salarial en el ámbito universitario nacional.

Un profesor adjunto hace poco más de diez años (en noviembre de 2015), con dedicación exclusiva y una antigüedad de siete años, tenía un sueldo bruto de $21.147, según la Asociación Gremial Docente de la UBA. Si los aumentos salariales hubieran acompañado la inflación registrada por el IPC CABA, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, y desde enero de 2017 y hasta marzo de 2026 por el IPC del INDEC, su salario del último mes habría sido de $6.019.899, sin considerar la mayor antigüedad. Ese era el poder de compra que tenía un docente de esa categoría antes del gobierno de Mauricio Macri. El elevado importe choca con el recurso ampliamente instalado que repite que los salarios docentes universitarios siempre fueron malos (hacen lo mismo, por ejemplo, contra los jubilados, maestros o policías).

Sin embargo, el sueldo bruto percibido el mes pasado por un docente adjunto con siete años de antigüedad fue de apenas $1.699.188. Así, ese trabajador y también el universo de los docentes y no docentes universitarios (los ajustes son generales) fueron víctimas en la última década de una pérdida del 71,8% de su poder adquisitivo.

A fuerza de constantes llamados al sacrificio por parte de Macri y de Javier Milei y de la inoperancia de Alberto Fernández, se llegó a una situación tan desesperante que el salario inicial de bolsillo de un docente adjunto universitario con dedicación exclusiva no alcanza ni siquiera a cubrir una canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes, valuada en $1.434.464 por el INDEC.

La crisis motivó la creación de la Ley de Financiamiento Universitario, votada cinco veces por el Congreso de la Nación, promulgada en octubre del año pasado por más de dos tercios de los legisladores de ambas cámaras y reafirmada por dos fallos judiciales.

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Ahora bien, su cumplimiento fue eludido por el gobierno de Milei, a pesar de que implicaba sólo una recomposición parcial, que se dirigía hacia un sector de los trabajadores vapuleado especialmente y que su labor es determinante para las chances de desarrollo del país. Es sabido que la universidad pública argentina ha sido históricamente la principal cantera de los científicos y profesionales argentinos que obtienen proyección y reconocimiento internacional.

La medida contempla recuperar sólo lo suprimido desde diciembre de 2023. Ese docente que en noviembre de 2015 cobraba, a valores actuales, el equivalente a poco más de seis millones de pesos, de honrarse la Ley, pasaría a tener un ingreso total bruto de $2.744.795. Ante la profunda crisis del mercado laboral, luce como un valor no deplorable pero que, mirado con relación al final del gobierno de Cristina Kirchner denota un hundimiento colosal. Como el resto de los trabajadores universitarios, habrá perdido más de la mitad de su capacidad adquisitiva.

A fuerza de constantes llamados al sacrificio por parte de Macri y de Javier Milei y de la inoperancia de Alberto Fernández, se llegó a una situación tan desesperante que el salario inicial de bolsillo de un docente adjunto universitario con dedicación exclusiva no alcanza ni siquiera a cubrir una canasta básica.

Y la retroactividad de la medida solo sería desde la fecha de promulgación de la Ley, así que lo no remunerado durante los meses posteriores a noviembre de 2023 no sería saldado, trofeo de la motosierra.

Incluso el ajuste en base al IPC del INDEC tampoco colmaría el derrotero de poder adquisitivo desde la asunción de Milei. Sus políticas provocaron que haya precios de bienes y servicios de consumo relevante e insustituible por los sectores de ingresos medios, como los trabajadores universitarios, que registraron aumentos desproporcionados. Es el caso de los servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, transporte y telecomunicaciones), combustibles, remedios, prepagas de salud, alimentos básicos y alquileres, que subieron muy por encima del conjunto de la canasta computada por el INDEC.

Esos desajustes hacen que la recuperación pautada también sea insuficiente para volver al nivel real de ingresos que los trabajadores tenían en noviembre de 2023.

El decreto presidencial que esquivó su aplicación en octubre del año pasado tras la sanción legislativa señaló que el Congreso debía determinar "las fuentes de su financiamiento" e incluir en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere. Sin embargo, la malicia quedó al desnudo cuando en la discusión del Presupuesto 2026, el gobierno desatendió el tema y no incorporó las partidas necesarias.

El deterioro es inaceptable y avergonzante para un país que históricamente se caracterizó por la movilidad social ascendente de su pueblo a diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos.

Pero al gobierno no le interesa que la Ley haya alcanzado el máximo nivel de consenso democrático y tampoco que quede expuesta la contradicción de sostener beneficios a reducidos sectores y agrandar otros bajo un lema central mentiroso transformado en escudo: "no hay plata". La única lógica que parece atravesar el criterio de intervención pública es hacer a los ricos más ricos.

Hay casos de tributos o exenciones impositivas llamativas que podrían formar parte del financiamiento de la ley universitaria. Uno emblemático es el de Mercado Libre. La empresa goza de una reducción del 20% en el impuesto a las ganancias y crédito fiscal del 70% sobre los aportes patronales vinculados a personal técnico. Según su último balance, esos beneficios implicaron que el fisco nacional resigne 81 millones de dólares de recaudación.

La recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles prevista por la Ley implicaría una erogación anual de 1.959.974 millones de pesos, equivalente al 0,23% del PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Existen diversas fuentes de financiamiento en la estructura presupuestaria nacional, pero se trataría de sectores que para el gobierno tienen coronita y, por lo tanto, sus privilegios estarían blindados. También hay otros que evidentemente no tendrían razón de existir.

Si bien se encuentran diversos espacios fiscales para hacer sintonía fina y reorientar el esquema impositivo para hacer sustentable la Ley, el tributo más visible que el gobierno recortó y que solo siendo menos generoso con los que más tienen permitiría financiar a las universidades es el impuesto a los bienes personales.

Una medida así implicaría una distribución del ingreso más equitativa y sería dinamizadora de la actividad económica dado que los docentes tienen consumos postergados y básicos mucho más significativos y diseminados sobre la actividad que quienes pagan el gravamen a la riqueza acumulada. El impuesto, en los tres años anteriores a la asunción de Milei, había representado un valor promedio equivalente al 0,54% del PIB. Con los ajustes empleados hasta 2025, el impuesto terminó siendo de apenas del 0,23% del PIB. Con solo una parte de esa diferencia (0,31%) ya se podría honrar la Ley.

Hay otros casos de tributos o exenciones impositivas llamativas que podrían formar parte del financiamiento de la medida. Uno emblemático es el de Mercado Libre. La empresa goza de una reducción del 20% en el impuesto a las ganancias y crédito fiscal del 70% sobre los aportes patronales vinculados a personal técnico. Según su último balance, esos beneficios implicaron que el fisco nacional resigne 81 millones de dólares de recaudación. La derogación de esa medida brindaría el 5,9% de lo necesario para financiar la Ley.

La SIDE es otra excepción a la regla del "no hay plata". De un presupuesto de $15.557 millones programados en 2024 saltó inexplicablemente a $97.135 millones, una suba de 524,4%. En 2026, se prevé ajustar ese presupuesto en función de la inflación anual prevista. Como la proyección de inflación hecha por el gobierno de 10,1% en 2026 es imposible de alcanzar (en el primer trimestre del año el IPC fue de 9,4%), es cantado que el gobierno nacional volverá a inflar el presupuesto de esa área por DNU, como los años anteriores. Si a la SIDE se le hubiera aplicado el mismo incremento que recibieron los docentes universitarios en 2024 y 2025 (125%), su presupuesto sería de $34.950 millones y los 62.184 millones restantes podrían cubrir otro 3,1% de lo requerido por las universidades.

Y, en este mismo escenario de restricción presupuestaria, la decisión de reducir el impuesto a los autos de lujo que no se fabrican en el país no solo es un disparate, sino que parece más bien una burla o una caricatura del rumbo del modelo.

Por último, las bajas acumuladas a lo largo de 2025 de alícuotas a los derechos de exportación agrícola de producciones extensivas en áreas dominadas por grandes productores, como soja, trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol también posen un impacto fiscal contractivo que supera holgadamente lo requerido por la Ley. La pérdida fiscal anual de la medida totalizaría un monto cercano a los 2.800 millones de pesos en 2026, un 43% más que lo requerido para financiarla.

Con un consumo masivo en estado crítico y un saldo de balanza comercial superavitario, un reordenamiento de estas cuentas en favor de un sector de trabajadores que resignó casi tres cuartas partes de su poder de compra en la última década debería ser una decisión imperiosa para disminuir la desigualdad e impulsar la actividad. A la vez redundaría en una mayor recaudación fiscal por el impacto directo en favor de un sector con consumos reprimidos.

No es que el gobierno no pueda cumplir la Ley, es que no quiere. Como expresó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en su dictamen, el gobierno ha puesto en riesgo el derecho a enseñar y aprender.

Desde ya, hay múltiples arquitecturas fiscales que podrían haberse diseñado para atender el financiamiento universitario. Pero el gobierno se empeñó en castigar el reclamo popular y desoír al poder legislativo y judicial.

No es que el gobierno no pueda cumplir la Ley, es que no quiere. Como expresó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en su dictamen, el gobierno ha puesto en riesgo "el derecho a enseñar y aprender".

El objetivo oficial es retrotraer el salario universitario a condiciones paupérrimas para favorecer la emigración de los cuadros técnicos al sector privado o al exterior y que el resabio opere como un dispositivo asistencial. El deseo de operar como una tiranía quedó al desnudo cuando, bajo la bandera del falso equilibrio fiscal, se esconden para denegar la aplicación de leyes y, al mismo tiempo, otorgan privilegios y recursos fiscales discrecionales a su antojo. En definitiva, utilizan un corsé presupuestario que los habilita a aplicar las leyes y decretos que desean y rechazar los que no les place. La única forma de detener este atropello institucional es salir a las calles a exigir un gobierno para todos, generar un reclamo popular tan intenso que la Corte Suprema deba poner finalmente un freno urgente a este cruel avallasamiento de nuestra República.