Un fallo de la Justicia Federal resolvió hacer lugar a un amparo colectivo y ordenó al Estado Nacional —a través del Ministerio de Capital Humano— restituir y garantizar la continuidad del programa “Volver al Trabajo”, que alcanza a 951.871 beneficiarios en todo el país.

La medida cautelar, de aplicación inmediata, establece que el Gobierno no puede interrumpir el pago de estas prestaciones, al considerar el riesgo social que implicaría dejar sin ingresos a casi un millón de familias. En este sentido, el juzgado fijó un plazo de tres días para dar cumplimiento a la resolución, bajo apercibimiento de sanciones económicas por cada jornada de demora.

El fallo destaca el carácter alimentario del programa, al que define como un ingreso mínimo esencial, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral. Asimismo, subraya que se trata de un derecho fundamental que no admite dilaciones.

Al tratarse de un amparo colectivo, la resolución adquiere un alcance general, constituyéndose en una herramienta de protección para trabajadores y trabajadoras de la economía popular que percibían este ingreso hasta el mes de abril.

La decisión judicial marca un límite a la interrupción de políticas públicas de asistencia, poniendo en el centro la garantía de derechos básicos y la contención social en contextos de vulnerabilidad.